Libertad Digital se tira a la piscina anunciando posibles recortes de sueldos para los funcionarios públicos españoles, similares a los que ya se han realizado en Irlanda, Grecia o Letonia para poder pagar la ingente deuda externa nacional. El pronóstico de un Funcionariazo semejante nunca se me hubiera ocurrido hacerlo en solitario porque -aún habiendo indicios y razones para pensarlo- políticamente me parece una decisión de gravedad extrema y de consecuencias gravísimas.

Que un medio tan serio en su información económica como Libertad Digital se tire a la piscina con tanta contundencia  me deja completamente helado. ¿Es posible que la situación del país sea aún más grave de lo que pienso yo? Pues parece que sí lo es.

El asunto de los funcionarios públicos forma parte del tremendo expolio intergeneracional del que hemos hablado anteriormente y además enlaza con las cuestiones planteadas muy inteligentemente por un Anónimo (bien podríais poneros un nick) en los comentarios de esta otra entrada.

El acceso a la función pública por oposición y el concepto de inamovilidad y estabilidad del funcionario es una de esas cosas tremendamente positivas que nos dejaron las revoluciones ilustradas de los siglos XVIII y XIX. El concepto clave para entender lo positivo de esta reforma sobre el sistema anterior se encuentra en la necesidad de una aplicación imparcial de la ley por parte de una persona cuyo puesto de trabajo y sustento económico no depende del libre arbitrio del Borbón o valido de turno ofrece muchas más garantías al ciudadanito de a pie que lo contrario. 

Sinteticémoslo: El político hace la ley, pero su aplicación no puede ser arbitraria sino que debe realizada por un aparato estatal que es, en esencia, independiente. Digamos que la independencia del funcionariado supone, por lo tanto, una defensa contra la arbitrariedad del político de turno y una suerte de control "de oficio" previo al que pueda ejercer el aparato judicial propiamente dicho.

Partiendo de esta base, tiene cierta lógica el suponer que sólo deben cubrirse con funcionarios aquellos puestos de servicio público desde los que se pueden tomar decisiones que realmente puedan afectar al ciudadano de a pie. Por ejemplo, los inspectores de Hacienda, Sanidad, Edificaciones, Medio Ambiente, Trabajo... tienen ni más ni menos que la capacidad de iniciar procedimientos sancionadores. Los profesores pueden decidir quien obtiene y quien no un título oficial. Un técnico municipal  que concede o no licencias es otro puesto que debe ser cubierto por funcionarios... y desde luego, las funciones de Juez y Policía son indudablemente propias de la función pública.

En cambio, hay una enorme masa de puestos de auxiliares, administrativos o de simple tramitación en los que no se toma decisión alguna. Que no son más que piezas en un enorme engranaje. Se trata de los puestos de chóferes, de conserjes, de administrativos, de movedores de documentos, de funcionarios de Correos, de barrenderos... que se crearon durante el franquismo para impulsar la formación de una clase media en el país.

Una vez logrado este objetivo, lo lógico hubiera sido la paulatina desaparición de estas plazas de funcionarios y su sustitución por  trabajadores contratados. Pero esa lógica se truncó cuando la Generación Coñazo de la Transición (1945-1955) tomó el poder y empezó un reparto masivo de dádivas públicas para, pura y simplemente, captar votos y formar redes clientelares.

 Y es que no hay ninguna razón para que estas personas sean funcionarios públicos. No toman decisión alguna. Son perfectamente sustituibles sin que el procedimiento administrativo se resienta en lo más mínimo o cambie en sus consecuencias finales. Ni el Estado ni el ciudadano necesitan que estos puestos (que son esencialmente los de categorías C, D y E) se cubran con funcionarios inamovibles e indespedibles.

Incluso al contrario, tales puestos deben cubrirse por trabajadores contratados precisamente para que la amenaza del despido o de la no-renovación mantenga su productividad bien alta. Tener un millón doscientos mil funcionarios del Grupo C (al que se accede con el simple bachillerato) a los que no se puede despedir es una incitación a la vagancia generalizada y a la productividad mínima del funcionario público.

No cabe duda por lo tanto de que el Funcionariazo es indispensable para el despegue del país. El modelo actual de Administración pública basado en tener a más de dos millones de señores de los que se podría prescindir y sustituir por otros sin mayor problema absolutamente desmotivados trabajando cinco horas diarias con pausa de una hora para desayunar no es sostenible por mucho que guste a unos sindicatos que mantienen una mínima capacidad de movilización precisamente mediante la defensa del parasitismo institucionalizado.

De momento, se habla de reducciones de sueldo. Pero el sistema es tan insostenible que, una vez metidos en harina, lo que toca es una reducción neta del número de funcionarios y la completa desaparición de las categorías C, D y E de la función pública, que deben ser íntegramente sustituidas por trabajadores eventuales. Una vez logrado eso, veremos un espectacular aumento de la productividad de la función pública y de la rapidez en todos los trámites. Por no mencionar el ahorro económico que vamos a tener, y que falta nos va a hacer.  
¿Funcionariazo? Lo dudo mucho, aunque... ¡Ojalá!