Lunes, 16 de junio de 2008

Maletas para todos

Vía El País, y siguiendo la misma línea que marcó recientemente el ministro Corbacho y de la que hablamos anteayer, me entero de los planbes del Gobierno de ofrecer incentivos a un millón de inmigrantes para que vuelvan a sus países de origen renunciando a sus permisos de residencia y trabajo. Demasiado poco y demasiado tarde.


A partir de julio, el Gobierno ofrecerá a los inmigrantes en situación regular que van cayendo en el paro una serie de incentivos económicos para que vuelvan voluntariamente a sus casas. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, impulsor de la medida, calcula que ésta afectará a más de un millón de extranjeros. Es decir, a la mitad de los 2,2 millones de ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en España.

La oferta del Gobierno es la siguiente. Los inmigrantes que acepten volver a sus países podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado en sólo dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total. Está por decidir cuál de esos plazos les será entregado antes de que salgan de España y cuál cuando lleguen al país de origen. Todos los trámites se harán a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

Para percibir esas cantidades, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes, como mínimo. A partir de ese plazo pueden solicitar su vuelta, aunque la Administración se reserva el derecho a complacer o no su petición. En caso de que la solicitud sea presentada a partir de cinco años, el Gobierno se compromete a darle prioridad en las contrataciones en origen que se produzcan.


Tres cuestiones:

1) La cifra de 2,2 millones de inmigrantes legales es, en primer lugar, falsa: Ya en Septiembre de 2005 había dos más de dos millones y medio, que han ejercido en gran número el derecho de reagrupación familiar. Y eso sin tener en cuenta los irregulares que se están legalizando ahora acogiéndose a las aberrantes figuras del "arraigo social" y "arraigo laboral" de las que hablábamos el otro día.

Asimismo, no tiene en cuenta tampoco una cantidad similar que ha obtenido la nacionalidad española, por venir de países de habla hispana que pueden optar a la nacionalidad con solo dos años de residencia continuada en España.

2) Desde el punto de vista social, los inmigrantes más proclives a coger las ayudas y marcharse son precisamente los más cualificados y los de mejor integración en la sociedad Española: Los de la Europa del Este. Los inmigrantes andinos, de cualificación menor, también parecen proclives a coger las ayudas... aunque está por ver cuantos lo hacen finalmente. Volver a Perú, Ecuador o Bolivia puede ser poco apetecible incluso con dinero en el bolsillo.

Desde aquí anticipamos que el impacto de esta medida entre magrebíes, asiáticos y subsaharianos (los colectivos más difícilmente integrables) será nulo.

3) El Gobierno está descontando que aproximadamente la mitad de los inmigrantes extracomunitarios residentes en España va a perder próximamente su empleo. Estamos hablando, sin medias tintas, de una crisis en toda regla.

Aparte de estas consideraciones, la medida es timorata. Lo que debería hacer el Gobierno en esta situación es, lisa y llanamente, reformar el Reglamento de Extranjería para permitir la pura y simple denegación de las renovaciones y forzar pura y simplemente la salida del país de quienes presumiblemente no van a tener oportunidad alguna de encontrar trabajo y se van a ver forzados a una vida de miseria y a convertirse en una carga social inasumible para España.

Es el Gobierno quien concede a un extranjero no-comunitario el derecho a residir y trabajar aquí. Del mismo modo que un permiso de trabajo se concede, debe poder no-renovarse. La negociación de un puro y simple soborno a cambio de abandonar el territorio nacional es, desde este punto de vista, impensable.

Y además va a dar resultados malignos: Se quedará precisamente el inmigrante menos capaz de integrarse.

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