Jueves, 05 de junio de 2008

Anulado el Reglamento Notarial

Vía Libertad Digital me entero de que el Tribunal Supremo anula uno de los fundamentos básicos del nuevo Reglamento Notarial (2007), que originó una dura pugna entre diversos operadores jurídicos para defender sus respectivas competencias. La sentencia, del pasado 20 de mayo, anula el “control de legalidad” de los notarios.


Concretamente, el Tribunal Supremo anula 23 artículos del Reglamento Notarial, esencialmente los referidos al incremento de las facultades de “control de la legalidad” que se otorgaba a los Notarios en tanto que fedatarios públicos y otorgaba a los documentos notariales una presunción de legalidad muy similar a la que tienen las Providencias, Autos y Sentencias generadas por los Jueces y los certificados de los Registradores.

Argumenta el Supremo que los Notarios deben limitarse estrictamente a controlar que concurren los requisitos necesarios para un otorgamiento válido de la Escritura porque el control de la legalidad no puede dejarse en manos de un colectivo en régimen de libre competencia y libre mercado.

El problema de fondo, como de costumbre, es la voluntad del Gobierno de intervenir, estilo Gran Hermano, en los negocios privados entre particulares. Si dos personas quieren pactar notarialmente contra ley, son los Jueces los que deben intervenir, no el agente jurídico que actúa previo pago para dar fe de que ese pacto, efectivamente, se ha producido.

 

Otorgar a los Notarios capacidades de control sobre la propia legalidad de los acuerdos solo servirá para menoscabar el valor jurídico de la Fé Pública notarial. No sólo se  recrudecerá el tradicional enfrentamiento entre Registradores y Notarios (¿cuántos ciudadanos no se han visto envueltos en él cuando para inscribir una adjudicación de herencia el Registrador exige, por ejemplo, toda clase de documentos de los que el Notario ya ha dado fé en su Escritura?) y además provocará que el Notario se convierta en responsable directo cada vez que un Juez anule, por no atenerse a Derecho, en todo o parcialmente los acuerdos reflejados en una Escritura.

 

 El Ejecutivo entiende que su disposición  ha sido anulada por un defecto formal consistente en aprobar como Reglamento lo que es materia de Ley. Y pretende arreglarlo aprobando en esta legislatura una Ley que recoja lo anulado por el Supremo.

 

 Eso solo asegura que las tensiones entre Registradores, Notarios, Jueces y posiblemente Abogados, llegarán hasta el Constitucional por posibles vulneraciones a lo implícito en el Título VI de la Constitución. En unos años lo vemos.

 


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