Viernes, 23 de mayo de 2008

Frente Nacional y la libertad de expresi?n

Tuve el honor de ejercer, el pasado 13 de Mayo, de cabeza visible del grupo de Abogados que representó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Frente Nacional en el recurso presentado por esta formación política contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Madrid que les prohibía celebrar una manifestación prevista para ese mismo día.

Dejando de lado el hecho de que el juicio se ganó y la manifestación se celebró finalmente con amplia repercusión mediática, me llamó la atención el hincapié de la Abogacía del Estado en el supuesto "ejercicio antisocial del derecho de reunión" que pretendía el FrN.

 Alegaba el Abogado del Estado para fundamentar tal aserto que Frente Nacional pretendía crear un clima de rechazo a lo musulmán, que caricaturizaba al alcalde de Madrid y que se posicionaba contra el multiculturalismo con un discurso incitador hacia la discriminación y la violencia.

 Desde la representación procesal de FrN (y desde la Fiscalía, que defendió también la anulación de la resolución de la Subdelegación del Gobierno) entendimos que no existía tal intención de crear discriminación y violencia, que el derecho a la crítica a la política municipal incluye también las donaciones a instituciones "multiculturales" y que caricaturizar al Alcalde de Madrid entra dentro de los límites aceptables de la libertad de expresión.

 En definitiva, defendimos que el artículo 21 de la Constitución Española consagrando la libertad de expresión debe interpretarse extensivamente y reduciendo al mínimo el control "a priori" de la misma, porque lo contrario sería equivalente a la imposición de una censura administrativa previa. Recalcamos además el hecho de que Frente Nacional es una organización legal, inscrita en el Registro de Partidos y que no tiene abierta causa penal alguna por sus opiniones políticas.

 Es de celebrar que el criterio de la Abogacía del Estado no encontrara eco en el seno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto significa que, de momento, podrán seguir celebrándose en nuestra Comunidad Autónoma manifestaciones políticamente incorrectas sin que prosperen los intentos de censura previa de las instituciones administrativas.

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