CONTRA LOS GIGANTES

I+D Feminazi (XIII): Cada Juzgado, una trinchera.

Fray_Fanatic — 2012-02-03T11:35:37+01:00

Justo cuando creía que había cubierto casi todo el amplio espectro del I+D Feminazi llega la realidad a sorprenderme: Una mujer pagará 20.000 euros a su marido por ocultarle durante quince años que no era el padre de su hijo.

A esta auténtica reina del zorrerío patrio le ha salido redonda la jugada -que como muy bien señala Alberto Noguera no constituye delito- sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que rodean este caso y que nos dan la medida exacta del tipo de apartheid e indefensión legal en el que se encuentra un varón ante los Juzgados y Tribunales del Reino:

- El hombre tuvo un infarto horas después de enterarse de la noticia. Sorprendentemente, la Sentencia no considera probada la relación causa-efecto entre ambos hechos y deniega indemnización alguna por este motivo.

- Dos meses después del nacimiento de su presunto hijo, el hombre se hizo una vasectomía irreversible. Pero el Tribunal tampoco le otorga indemnización alguna por este concepto, al no apreciar relación causa-efecto entre su "paternidad" y su decisión de no tener más hijos.

- Por estos daños físicos, más el daño moral de la infidelidad, más los gastos derivados de la manutención de la criatura durante el periodo en el que engañado por su ex-mujer creyó ser el padre, este hombre solicitó en primera instancia 200.000 euros de indemnización... de los que le habían sido concedidos 46.000 que ahora la Audiencia provincial rebaja a menos de la mitad.

¿De dónde sacan los jueces las doctrinas para valorar pruebas y daños en estos casos? ¿Qué clase de lógicas jurídicas justifican estas denegaciones de relaciones causa-efecto palmarias y evidentes?

Pues las que provienen de construir a partir de unos cimientos jurídicos basados en el feminazismo más total y absoluto: Se empieza por crear conceptos como la "pensión compensatoria" para "resarcir" a la mujer que no sabe hacer la O con un canuto por haber disfrutado a costa de su ex-esposo de un nivel de vida superior al que le correspondería, se declara la tolerancia total hacia el chantaje emocional de las madres contra los padres vía hijos de la pareja, se aprueba una legislación que diferencia entre sexos de modo no muy distinto a la que en Sudáfrica diferenciaba entre razas... y a partir de ahí, todo es posible: Desde absolver (o, peor aún, indultar) a las asesinas que aleguen malos tratos hasta, en el caso que nos ocupa, convertir directamente en un negocio el tener un hijo de otro y cargárselo a tu marido.

Esto enlaza directamente con temas ya tratados en esta serie de artículos tales como los intentos de prohibir las pruebas de paternidad sin permiso de la madre. Pero debemos ser conscientes que estos casos de paternidades ocultas ponen en riesgo bienes jurídicos muy superiores a los propios del presunto padre (al que, no olvidemos, se le obliga a cargar con las responsabilidades legales derivadas de un hijo que no es suyo) sino que también priva a los hijos de información básica sobre su propio historial biológico. Con consecuencias futuras, por cierto, imprevisibles.

Estimados varones heterosexuales de España: Cada Juzgado del Reino es una trinchera del feminazismo imperante. Y cada uno de vosotros es muy directamente responsable del tipo de discurso sobre familia, filiación, educación e igualdad de géneros que favorece con su voto y prima con su seguimiento de determinadas cadenas o medios.

Porque los Jueces -machos y hembras por igual- juzgan de acuerdo a las leyes vigentes interpretadas de acuerdo a criterios jurídicos y personales que corresponden a baremos sociales actuales. Y como nosotros mismos no empecemos a rearmarnos de argumentos, de ideas y del valor necesario para sacarlas a la calle y a los medios contraponiéndolos claramente a la horda feminazi, llegaremos a convertirnos -si es que no lo somos ya- en puros y simples ilotas o siervos de la gleba en una coñocracia política, mediática y jurídica.

20.000 euros de indemnización por criar al hijo de otro durante quince años creyendo que es tuyo. De aquí a cinco años saldrá otra sentencia igual, con la mitad de indemnización. O con la mujer absuelta. Avisados quedáis.

Cascos: Lo raro es no hacerlo

Fray_Fanatic — 2012-01-31T11:12:28+01:00

Ayer tuvimos dos noticias políticas de importante calado. En primer lugar, las elecciones andaluzas serán el 25 de Marzo y no el 4 ó el 11 como se venía rumoreando. Con esto, Griñán no solo se agarra al Boletín un par de semanas más, sino que además incrementa la presión europea sobre Rajoy para que ejecute las reformas sin esperar a las elecciones andaluzas. No todo son ventajas con esta jugada, sin embargo, ya que supone dar tiempo a la Fiscalía -ahora en manos populares- y a la Jueza para que hagan estallar el asunto de los ERES en plena campaña electoral.

La otra noticia es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Francisco Álvarez-Cascos ha decidido disolver la cámara autonómica asturiana convocando elecciones para el mismo 25 de Marzo. ¿La razón? Un más que evidente pacto PP-PSOE para impedirle gobernar, cuyo último sainete ha sido ver a los populares votando por la prórroga de unos presupuestos regionales a los que en su momento se opusieron en vez de pactar con Foro unos nuevos.

La medida de Álvarez-Cascos me parece no solo lógica, sino absolutamente normal. Y el hecho de que tanto PP como PSOE se hayan lanzado a criticarla es simplemente una muestra más del verdadero Matrix político e institucional en la que los grandes partidos viven e intentan hacernos tragar disfrazado de normalidad.

La Constitución Española y los diferentes Estatutos de Autonomía consagran un Régimen parlamentario de los denominados "de colaboración de poderes": El Legislativo y Ejecutivo están estrechamente ligados y tienen que colaborar entre sí para poder seguir subsistiendo, ya que cada uno de ellos tiene facultades sobre el otro: El Legislativo puede deponer al Ejecutivo (en España esto se hace vía moción de censura) y el Ejecutivo puede disolver al Legislativo convocando nuevas elecciones.

El caso asturiano es un caso de libro: Foro Gobierna con 16 escaños en el Legislativo (llamado Junta General del Principado) pero se encuentra con un bloque opositor formado por el Partido Popular (10 escaños) y el PSOE (15 escaños). Ninguno de los dos partidos opositores accede a pactar con Foro para que el Ejecutivo tenga un mínimo de estabilidad y además tampoco se articulan entre ellos mismos para darle a los asturianos un Ejecutivo autonómico capaz de funcionar. En esta situación, la disolución de la Cámara parece lógica.

Pero Cospedal y Rajoy opinan lo contrario. Al segundo le parecen muchas elecciones en tan poco tiempo y Cospedal ha puesto como ejemplo de gobernabilidad en minoría... a la Autonomía Canaria. Es decir, poniendo como ejemplo el comportamiento normal de nuestra casta política, consistente en comprar sillones con prebendas y pagar estas con cargo a las arcas públicas.

Si Francisco Álvarez-Cascos hubiera entrado en ese juego probablemente su Ejecutivo hubiera encontrado oxígeno parlamentario para seguir adelante. Pero, bien porque no quisiera entrar en el juego de la compra de apoyos (lo cual sería un punto a su favor) o bien porque PP y PSOE mantienen realmente el pacto anti-Foro que Cascos denuncia, la decisión lógica es disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones en las que los asturianos tomen la palabra para decidir qué les parece la actitud de cada cual.

Elecciones que darán lugar a una Junta General nueva en la que, para empezar, todos y cada uno de los diputados y de los Grupos Parlamentarios en los que se agrupen tendrán clarísimo que, si Foro forma Gobierno, no solo no van a obtener rédito alguno de hacer políticas de bloqueo sino que además se encontrarán con que la mamandurria se les acaba tres años antes de tiempo.

El Parlamentarismo es esto, señores. Lo de Canarias, lo de Cataluña o lo de Miguel Ángel Revilla en Cantabria es caciquismo y partitocracia. Y si el Matrix en el que vivimos en España no les deja verlo, váyanse a buscar situaciones políticas semejantes en otros regímenes políticos similares al nuestro a ver si en alguna le pone alguien alguna pega a la actitud de Álvarez-Cascos.

Nueve piadosos legos

Fray_Fanatic — 2012-01-26T10:06:00+01:00

A raíz de la introducción de la Ley del Jurado en España hubo quien temió que la misma sirviera para restar garantías a determinados reos acusados de delitos particularmente mediáticos. Pero el problema de la institución del jurado no fue solamente el (muy grave) riesgo del linchamiento simultáneo o previo del acusado en prensa, sino la capacidad de apreciación y valoración de la prueba de esos jurados en general.

En el caso Camps, el jurado popular ha respondido a lo estadísticamente esperable cuando encargas la decisión final sobre la culpabilidad de un político que ocho meses antes y con su caso aún abierto obtiene una holgada mayoría absoluta a un jurado elegido entre su propio electorado: Inocente.

Eso sí, que nadie le pida un fundamento técnico a ninguno de los cinco miembros del jurado que han votado por este veredicto. Porque serán tan incapaces de darlo como aquel otro conjunto de Licurgos y Pericles que absolvió a la presuntamente maltratada Pilar Marcos que, según su propia confesión, se cargó a cuchilladas a su señor esposo. O a aquellos otros Cicerones y Papinianos que declararon culpable a Dolores Vázquez.

¿Son capaces de explicar estos cinco piadosos legos en qué fundamentan su apreciación de las pruebas? ¿Son capaces de explicarle a España en qué consiste el cohecho si lo que ha estado pasando en la Generalitat Valenciana no lo es? Porque este es el problema de base: Camps será todo lo inocente que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución Española, en nombre del Rey, digan. Pero el veredicto de inocencia lo dan cinco señores sobre un total de nueve. Y ninguno de los nueve tiene ni puta idea de lo que está hablando. Y eso tiene que dar miedo a cualquier persona con ojos en la cara.

Lamentablemente, estamos en España. Y eso significa que el debate final sobre el juicio a Camps se va a centrar en términos de puro y simple cainismo. Durante unos días, el centrorreformismo cantará loas a la sabiduría del veredicto y desde el Fondo Sur de la izquierda todo será rabia y rechinar de dientes. La conveniencia, tanto para los reos como para la propia Justicia, de haber transplantado un sistema que no solo nos es completamente ajeno sino que no da buenos resultados ni siquiera en su país de origen, ni se le va a pasar por la cabeza a nadie.

A fin de cuentas, el próximo absuelto podría ser uno de los propios.

MegaUpload: ¿Cómo hemos llegado a esto?

Fray_Fanatic — 2012-01-24T10:51:32+01:00

Hay una serie de conceptos sin los cuales no se puede entender, ni para bien ni para mal, el asunto de MegaUpload en particular ni toda la problemática de los derechos de autor en general. Lamentablemente, no vamos a ver aparecer estos conceptos en los editoriales de los grandes medios por razones obvias y las gestoras de derechos de autor siguen instaladas en el "el canon de paga y punto", agarrándose a la mera formulación de la ley sin pretender profundizar en lo más mínimo en cuales son los fundamentos de esa ley y si esa ley es apropiada a la realidad de las cosas.

Para entender como hemos llegado a la incautación de servidores y discos duros por parte del FBI tenemos que entender la historia, la naturaleza y los planteamientos de base de lo que tan inapropiadamente se ha pasado a llamar Propiedad Intelectual.

Vayamos por partes:

El derecho de propiedad existe y es justo que así sea debido a una serie de características de las cosas tangibles tales como su escasez (los bienes físicos son limitados en número) y el principio de exclusión de tal forma que si yo poseo un coche, un inmueble o un bolígrafo, no puede estar en posesión de nadie más.

Por supuesto, asegurar la exclusión de terceros de los bienes que son de mi propiedad tiene un coste, usualmente una cerradura, una verja o simplemente estar alerta a que nadie se quede mis bolígrafos. Cuando algún tercero ignora o rompe estas precauciones y vulnera mi derecho de exclusión, suele ser relativamente sencillo restituirme en él recurriendo al monopolio estatal de la fuerza: Unos policías entran en mi inmueble, sacan a los okupas/recuperan mi coche y -en principio- se terminó el problema. Bien.

El problema viene cuando se trata de aplicar este principio de exclusión a bienes que son, por su propia naturaleza, inmateriales. Inaprensibles. Hablamos aquí, esencialmente, de las ideas. Hay que decir que las ideas, por su propia naturaleza distinta a la de las cosas físicas, nunca a lo largo de la Historia del Derecho fueron consideradas algo susceptible de generar derechos de propiedad: Tanto el autor como el copista o impresor desarrollaron su respectiva actividad en un marco absolutamente desregulado: Miguel de Cervantes nunca tuvo demasiado control sobre El Quijote (de hecho, no pudo evitar que se publicaran Quijotes paralelos al suyo) más allá de su acuerdo particular con uno o varios impresores que, de hecho, tampoco podían evitar impresiones paralelas a las suyas.

Bien es cierto que había pocos impresores y que las barreras de entrada a ese mercado (el elevado coste de una imprenta y la necesidad de una licencia real) los mantenían controlables. Pero tales barreras no configuraban, ni por asomo, un derecho de autor o de propiedad intelectual.

Esto no cambiaría hasta unos doscientos años después de la aparición de la imprenta: En efecto, a principios del Siglo XVIII los libreros de Inglaterra solicitaron y obtuvieron de la Reina Ana de Inglaterra un estatuto especial que protegía sus acuerdos con los autores otorgándoles, de hecho, la exclusividad en la generación de copias de las obras que ellos adquirían de los autores. Vemos aquí por lo tanto como los libreros adquieren del autor el derecho a imprimir y copiar una obra y como ese derecho se convierte en exclusivo mediante una concesión administrativa.

Esta concesión administrativa al librero se basaba en el control no de la inaprensible idea (Avellaneda podría haber escrito igualmente su Quijote paralelo), sino de la muy tangible copia física del libro. Leyes muy posteriores aseguraron al autor concesiones de exclusividad similares sobre su creación (así que Avellaneda ya no podría haber publicado su Quijote) y las mismas eran fácilmente implementables debido a que la copia era en todo caso física, limitada, escasa y excluyente de tal modo que si el alguacil de turno retira y quema la copia no autorizada, se acabó la violación de la concesión obtenida.

Esa concesión administrativa de exclusividad es lo que hoy se llama -muy inapropiadamente- Propiedad Intelectual. Siempre parece más respetable una Propiedad (así, con mayúsculas) que una concesión administrativa, de duración y extensión decidida arbitrariamente por el Estado de común acuerdo con el gremio correspondiente. De hecho, reduciendo la "Propiedad IntelectuaL" a lo que es -una mera concesión administrativa- no solo se comprende mucho mejor la propia naturaleza de los derechos de autor sino que, además, quedan claro los intereses de los titulares de los mismos, nunca "propietarios" de bienes violentados sino titulares de concesiones administrativas arbitrarias, accidentales, disponibles y en absoluto evidentes.

En este estado de cosas llegamos al último cuarto del Siglo XX. Aquí el problema que se empieza a plantear es que la copia física empieza a escaparse de lo que puede controlarse razonablemente con una concesión administrativa.

En efecto, al generalizarse los aparatos grabadores y reproductores domésticos, deja de ser posible rastrear la copia hasta unos pocos puntos de origen fácilmente controlables. Cualquiera puede copiar cualquier obra en su casa y el coste de exclusión necesario para perseguir la copia no-autorizada y así mantener la integridad de las concesiones administrativas concedidas se dispara hasta lo inasumible: Es ridículo pensar en que la Policía se dedique a entrar en domicilios o a parar por la calle a jóvenes con walkman para cerciorarse del origen de sus grabaciones.

Los propios autores y editores lo debieron ver así. Así que su planteamiento fue otro: Pretendieron la pura y simple prohibición de estas tecnologías como forma de mantener el valor de sus concesiones administrativas y, con ellas, el de su modelo de negocio. Esta pretensión descabellada fracasó en 1984 tras ocho años de proceso judicial que terminó en el Tribunal Supremo norteamericano y ello trajo consigo cuatro consecuencias posteriores:

a) La industria se adaptó a la nueva situación y se dedicó a vender copias de sus obras aptas para la reproducción en estos dispositivos, cosa que hizo con un éxito fenomenal.

b) La persecución de la copia no-autorizada se adaptó en casi todas las legislaciones hasta quedar reducida a aquellas que se hacían con ánimo de lucro. Es decir, visto que la copia era incontrolable, se trató de perseguir los flujos económicos como forma de acabar con los competidores de los concesionarios que actuaban al margen de la ley y sin acuerdo ni compensación a los autores.

c) Para todas las copias no-autorizadas en las que no existía ánimo de lucro se articularon excepciones a las concesiones administrativas de uso exclusivo ("fair use" y similares) que en algunos casos llegaron a configurarse como auténticos derechos de tercera generación frente a autores y editores. Es este, en efecto, el verdadero origen del derecho a la copia privada.

d) De forma más o menos simultánea a lo anterior, aunque generalmente posterior en el tiempo, se articularon sistemas de compensación a los autores por las copias privadas realizadas por los usuarios.

Sobre la justicia u oportunidad de que estas compensaciones existan se han vertido ríos de tinta, pero en su momento estos cánones sobre dispositivos analógicos (cintas de cassete y vhs, fotocopiadoras y también folios en blanco entre otros soportes y medios) no generaron ni mucho menos el nivel de controversia de los posteriores cánones sobre dispositivos y soportes digitales, pese a ser ambos exactamente lo mismo: Compensaciones a una industria por el mero hecho del avance de la técnica, que imposibilitaba que las concesiones administrativas de exclusividad que venían manteniendo gozaran de la misma efectividad que antes.

A principios del presente siglo, la técnica produjo una nueva vuelta de tuerca con la generalización de Internet y el inicio de la era digital, haciendo posible un número infinito de copias de idéntica calidad a partir de un único original (uno de los problemas de las copias analógicas era la pérdida de calidad de las sucesivas copias).

Desligadas completamente de los soportes físicos, las copias se convertían en absolutamente incontrolables por su propia naturaleza de inaprensibles e infinitas. Y según las más elementales leyes del mercado, el valor de un bien infinito tiende a cero.

Este debería haber sido el final de unas concesiones administrativas imposibles de mantener por la misma naturaleza de las cosas. A fin de cuentas, del mismo modo que el valor de un bien infinito tiende a cero, el coste de exclusión de un bien infinito, tiende a ser infinito. La propia lógica sugiere que, desde que no hay forma de que los Estados que han hecho tales concesiones puedan asegurar ya la exclusividad de las mismas, deben desaparecer.

Pero lamentablemente la lógica está tardando en imponerse. Y los beneficiarios de esas concesiones pretenden que las mismas sigan existiendo. En cuanto al problema del coste de exclusión -ilimitado- los concesionarios han planteado las siguientes soluciones:

a) La prohibición de tecnologías, buscando efectivamente cosas tales como la prohibición del formato MP3 y de los aparatos reproductores de dicho formato.

b) El sometimiento de las tecnologías y de su desarrollo al respeto a sus concesiones, bien proponiendo sistemas tipo Palladium o similare o bien tratando de perpetuar los sistemas de compensación por copia privadapropios de la era analógica... multiplicando, eso sí, el importe de dichos cánones hasta el infinito para compensar de alguna manera el infinito número de copias que la técnica permite realizar.

c) La implementación de sistemas anticopia, conocidos como DRM. Batalla que pasará a los anales históricos de la estupidez criptológica por lo teleológicamente futil del intento de encriptar para determinados medios un contenido al que simultáneamente das acceso por otro medio distinto.

d) La pura y simple subordinación de derechos tales como la intimidad, la privacidad de las telecomunicaciones o, últimamente, la tutela judicial efectiva, al respeto a sus concesiones administrativas.

Los cuatro puntos anteriores se engloban finalmente en uno solo: Que sean el conjunto de los ciudadanos quienes paguen los astronómicos costes de exclusión ligados a las concesiones administrativas otorgadas sobre bienes inmateriales, inaprensibles e infinitos.

Esta es la pretensión definitiva de las industrias del copyright: Perpetuar su modelo de negocio, basado en el valor de sus concesiones administrativas, aun cuando la generalización de avances técnicos hace que el valor de dichas concesiones sea exactamente cero. Y lograrlo, además, del único modo posible: Poniendo a trabajar para su beneficio todos los recursos del Estado pagado por todos aunque esto suponga vulnerar derechos, libertades y garantías legales básicas.

Es que en España, durante mucho tiempo, a los negritos del Top-Manta les perseguía de oficio la Policía Nacional y les acusaba de oficio la Fiscalía. A mayor gloria y ahorro de costes de las grandes discográficas que pronosticaban la inminente muerte de la música y afirmaban que era imposible bajar el precio de un CD. Mentiras de patas cortas, pero que fueron consigna oficial durante casi dos lustros.

No hay una gran diferencia entre esos años negros -afortunadamente terminados tras las últimas reformas de un Código Penal lamentable en el que robar un disco de El Corte Inglés era una falta pero hacer una copia y venderla se penaba con años de prisión- y la espectacular actuación del FBI para cerrar MegaUpload practicando detenciones y entrando, registrando y cerrando domicilios, sedes y servidores en tres países distintos.

Las garantías de los usuarios legítimos de MegaUpload, sacrificadas por las cuentas de resultados de unas pocas empresas. El coste de esta operación la industria editorial se lo carga a los contribuyentes norteamericanos, neozelandeses y habitantes de Hong Kong. En cuanto a las pérdidas derivadas de la inseguridad jurídica y la huida de empresas tecnológicas hacia legislaciones más sensatas como las de Holanda o Suiza, son difícilmente calculables pero todo es poco para que los estudios de Hollywood mantengan la ilusión -destinada a ser vana- de que unas copias con valor añadido cero valen algo más que cero.

A esto hemos llegado. Y el camino, a brochazos, oslo acabo de resumir.

Garzón: Ambigüedades, ni una

Fray_Fanatic — 2012-01-19T14:03:15+01:00

Meses antes de que Manos Limpias presentara su querella contra Baltasar Garzón por la obvia prevaricación de abrir diligencias penales contra el notoriamente fallecido Francisco Franco Bahamonde, Frente Nacional me ofreció la oportunidad de presentar una por los mismos motivos. La querella llegó a estar escrita, pero finalmente no me atreví a presentarla. Así de claro: No me atreví. No me atreví a jugarme la carrera con 28 años destacándome como Letrado de un juicio que iba a reabrir todas las heridas posibles en la sociedad española y que iba a dar que hablar durante los lustros siguientes.

Nadie de Frente Nacional me hizo un reproche, aunque yo de vez en cuando sí me los haga a mí mismo. De hecho, la querella fue reconvertida en conferencia para la misma organización y me deja la satisfacción personal de ver que los mismos argumentos jurídicos utilizados en ella fueron esencialmente los mismos utilizados posteriormente por los Letrados de Manos Limpias. Y el estudio pormenorizado de la actuación de Garzón en ese asunto me dejó el firme convencimiento legal y jurídico de que el procedimiento penal fue prostituido de forma grosera y manifiestamente injusta por el Juez Instructor para, con la excusa de la búsqueda e identificación de unos cadáveres que por mucho que tengan familiares reclamándolos pertenecen ya al ámbito de lo arqueológico, realizar un juicio histórico contra un muerto.

Encontrar e identificar cadáveres de la Guerra Civil, de la Guerra de la Independencia o de las incursiones de Almanzor no es materia de los Juzgados de lo Penal. Es más, no es materia de orden jurisdiccional alguno. Si particulares, entidades privadas o Administraciones quieren hacerlo, adelante. Pero, pura y simplemente, los recursos de la Justicia no se destinan a la arqueología. Y estando muertos los denunciados, no pueden ser condenados... y por lo tanto cualquier investigación sobre el paradero de sus presuntas (y hoy no voy a entrar en esto) víctimas deja de ser materia judicial. Sin espacio alguno para ambigüedades ni opiniones histórico-políticas que nos aparten de un hecho jurídico fundamental: No se llevan a cabo procesos ni indagaciones judiciales contra muertos. Punto.

Pero estos días Baltasar Garzón no se sienta en el banquillo por su evidente prevaricación en su causa contra el franquismo, sino por otra cuestión tan obvia como la anterior pero sobre la que se han vertido cantidaedes inmensas de polvo y paja para hacerla irreconocible: Las comunicaciones entre abogado y cliente son inviolables... excepto si concurren una serie de circunstancias tasadísimas por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 19-10-96, 20-12-96 y 6-6-97. Circunstancias que no concurren en las escuchas ordenadas por Garzón en el centro penitenciario de Soto del Real por los siguientes motivos:

a) Porque los delitos enjuiciados en la causa Gurtel no son graves y en cambio las causas contra presos etarras o el caso Marta del Castillo en los que también se ha intervenido comunicaciones abogado-cliente tienen muertos de por medio. La interceptación de comunicaciones abogado-cliente en el ámbito penal económico es simplemente una atrocidad totalmente desproporcionada al delito investigado y, por lo tanto, inadmisible.

b) Porque el dleito y las personas perpetradoras dle mismo ya estaban perfectamente identificadas, por lo que se vulnera la necesaria finalidad exclusiva de descubrimiento o comprobación del hecho ilícito en curso a través de las interceptaciones y la determinación de las personas responsables del mismo.

c) Porque si se sospechaba de los abogados (como así se desprende de algunas declaraciones de Garzón durante el Juicio) había medios alternativos y menos lesivos para los reclusos (por ejemplo: Entradas y registros en los Despachos) vulnerándose por lo tanto la excepcionalidad de la medida, que sólo habrá de adoptarse cuando no exista otro medio de investigación del delito que sea de menor incidencia y causación de daño sobre los derechos y libertades fundamentales del individuo que los que inciden sobre la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones.

d) No hay concreción alguna en el hecho delictivo que motiva las escuchas a los abogados, por lo que se estaba ordenando una absolutamente ilegal intervención de la telecomunicación para tratar de descubrir de manera general o indiscriminada actos delictivos.

Y por último, pero no por ello menos importante, el Juez Instructor ha accedido a las conversaciones y las ha utilizado en perjuicio de las estrategias de defensa de los Letrados.

En esas condiciones, evidentemente, es imposible procedimiento penal justo alguno. Y el responsable de que un procedimiento penal se convierta en una Corte Canguro no puede, ni debe quedar sin castigo so pena de que cunda su ejemplo y todo el sistema penal del país se convierta en una parodia a la norcoreana.

Si los hechos que se le imputan a Garzón a cuenta de las escuchas del Gúrtel son reales y se prueban, ante algo total y absolutamente imposible de defender intelectualmente y que el Tribunal Supremo no podrá dejar impune.Porque nadie quiere ser juzgado en un procedimiento instruido de esa manera.

Y tengo para mí que el suspendido juez-estrella tiene bien claro lo absolutamente indefendible de su actuación y por eso se permite, desesperado, el dudoso lujo de llegar a las puertas del Supremo acompañado de Bardem y Llamazares.

Cuarto y mitad de prescripciones

Fray_Fanatic — 2012-01-17T14:22:13+01:00

El Tribunal Supremo no va a investigar el cohecho que podría haber cometido "Querido Emilio" con el asunto de los pagos al Juez Baltasar Garzón vía Universidad de Nueva York. ¿La razón? Que los hechos, acaecidos en 2005 y 2006, están prescritos al haber transcurrido más de tres años entre su comisión y el inicio de las actuaciones penales. Actuaciones penales que, por supuesto, no inició la Fiscalía cuando El Mundo desveló la corruptela sino que llevó a cabo por su cuenta y riesgo el Abogado Javier Soto el pasado mes de Noviembre.

Salvo sorpresa de lo más sorprendente, también estarán prescritos la abrumadora mayoría de las actuaciones que se le imputan al Duque de Palma, que son, esencialmente, delitos fiscales. Va a ser muy difícil que Iñaki Urdangarín sea juzgado o condenado por ninguna conducta anterior a 2006. Y no hay que descartar la posibilidad de que el total de cantidades evadidas al Fisco desde entonces no alcancen los 120.000 euros por tributo y año requeridos para dejar de hablar de una sanción administrativa y empezar a hablar de condenas penales.

En realidad, muchos de los delitos económicos de nuestro Código Penal son complicados de perseguir. Más allá de conductas muy obvias como pueden ser las estafas, las diferentes interpretaciones y sucesivas reformas de la prescripción, la variación constante de la legislación fiscal y el límite temporal de cuatro años en lo relativo a la labor inspectora y a la obligación de conservar documentos tributariamente relevantes ofrecen muchas posibilidades de defensa. Y cuando además los delitos están relacionados con unas administraciones públicas sin ningún tipo de transparencia real, el tiempo juega -y de qué manera- a favor de los imputados.

Digámoslo ya: La tesis que el Tribunal Supremo, hoy le aplica a "Querido Emilio", consistente en la prescripción del delito según el plazo de tres años vigente en el momento de su comisión y no según los cinco vigentes desde la reforma de 2010, es absolutamente garantista. Aplica a la perfección el "In Dubio, Pro Reo" y la irretroactividad de la ley más desfavorable. Desde el punto de vista penal, es irreprochable.

Pero también significa que una generación entera de mangantes, chupópteros, ladrones, parásitos, corruptos y chanchulleros de todos los signos políticos y de las más altas esferas económicas se nos va a ir de rositas. Sin condena alguna. Dejar quebradas autonomías y ayuntamientos no son conductas no-constitutivas de delito en nuestro Código Penal y gracias a nuestros tribunales y sus sabias doctrinas sobre la administración desleal, tampoco tienen responsabilidad alguna los gestores que han llevado a la quiebra a entidades mercantiles tales como empresas públicas y cajas de ahorro.

Y para lo que nos queda, es decir, para los delitos fiscales, para los cohechos, para las prevaricaciones, para las malversaciones de caudales públicos, para la alteración de precios en concursos y subastas... para todo ello, tenemos prescripciones. La generación que peor ha gestionado el país desde 1931 (y aún entonces caían gobiernos por escándalos de corrupción que hoy serían pura filfa) se va a ir para casa con cuarto y mitad de prescripciones merced a unas leyes hechas exactamente a la medida del volumen y extensión temporal de sus manejos.

Y para todo lo demás, el indulto.

Habló Mariano y no dijo nada

Fray_Fanatic — 2012-01-10T19:26:26+01:00

La noticia es que los españoles hemos tenido que esperar veintiún días -que se dice pronto- y dos Consejos de Ministros con duras medidas de ajuste contrarias, además, a lo expresamente prometido durante la campaña electoral para que el señor Pr4esidente del Gobierno del Reino de España se dignara a conceder una entrevista. A la estatal Agencia EFE.

No hay noticia alguna en lo tocante al contenido de la entrevista, sobradamente previsible:

- La subida del IRPF "Era fundamental para la credibilidad del país y poder financiarnos fuera". Es decir, lo sobradamente conocido y dicho y adelantado por el que escribe -pero no solo por él- en las tertulias económicas de GestionaRadio.

- No prevé incrementar el IVA. Otra promesa que no me creo, porque si hay problemas de liquidez -y los hay- la subida del IVA ofrece una vía de recaudación inmediata.

- La reducción del gasto público, aplazada para Marzo. Es decir, para después de las elecciones andaluzas.

Y ya está. Eso es todo. No hay más. El Gran Líder se dignará a responder a la prensa en general el lunes, tras la visita de Sarkozy... pero no esperamos ninguna declaración sorprendente ni nada que se desvíe de la principal hoja de ruta del interés inmediato del Partido Popular: Echar balones fuera y contener la respiración hasta ganar las elecciones andaluzas.

De momento, patronal y sindicatos ya han puesto su granito de arena para no perjudicar los intereses de quien reparte las subvenciones. Si el plan de los Señores del BOE es aguantar hasta las andaluzas sin hacer nada, por ellos no va a quedar.

¿37.000 millones de ajuste? A lo mejor es verdad que lo hace. Pero cada vez tengo más claro que el recorte no va a empezar por los cientos de miles de funcionarios de facto que ocupan poltronas en patronales, sindicatos y partidos políticos. Llamadme malpensado.

Sobre los raíles de Grecia

Fray_Fanatic — 2012-01-04T11:40:23+01:00

Si alguien tenía alguna duda de que lo que tenemos en España no es una democracia sino una pura tramoya, no tiene más que echarle un vistazo al primer paquete de medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, ese defensor de las clases medias que no iba a subir los impuestos y que realizaría los ajustes necesarios para pagar la deuda por el lado del gasto... y que ahora ha colocado el tipo máximo del IRPF dos puntos por encima de lo que proponía el programa electoral de Izquierda Unida.

La mayor parte de los medios afines al PP e incluso gran parte de sus votantes compiten por ver quien ofrece la excusa más patética para incumplir un compromiso ideológico con los electores, perfectamente posible si hay voluntad política. Son nuevamente las dos Españas, puestas negro sobre blanco en portadas absurdas y argumentos de Pin y Pon.

Con este paquete de medidas, España se sitúa exactamente en los mismos raíles que Grecia, Portugal, Italia e Irlanda. Unos raíles que, por la vía del aumento de impuestos implican un descenso drástico del consumo privado.

Y que sumados al recorte severo del gasto público que se barrunta tras las andaluzas -porque la subida de impuestos va destinada a pagar la deuda y no a gastar más- nos da la receta perfecta para un empobrecimiento generalizado... que permitirá -y lo veremos- el mantenimiento intacto de las estructuras parasitarias del Sistema del 78: Grandes partidos que no representan más que a sí mismos, sindicatos y patronales artificiales, enchufados y grupos de presión diversos.

Bienvenidos a la Europa Mediterránea, donde se pagan impuestos suecos para tener un consumo privado y unos servicios públicos somalíes.

Año I de Mariano

Fray_Fanatic — 2011-12-22T14:31:00+01:00

Habemus cambio de ciclo político y, por lo tanto, nuevo Gobierno. Mariano Rajoy desveló ayer el listado de sus elegidos que hoy ultiman sus tomas de posesión y mañana se reunirán en Moncloa para el primer Consejo de Ministros de la Era Mariano. El Presidente del Gobierno ha optado por encarar su mandato con un gabinete muy corto, muy jerarquizado y con sorpresas de impacto limitado que anticipan un poco las líneas generales que pretende seguir.

Unos breves comentarios sobre los nombramientos, los nombrados y lo que anticipan:

1) Se plantea una estructura muy presidencialista en la que el propio Rajoy llevará la supervisión económica y la VicePresidenta única -Sáenz de Santamaría- se encargará en solitario y con el pleno respaldo del líder de la coordinación política.

2) La estructura del Gobierno es unitaria. Lejos de la confederación de grupos de presión que componían el zapaterismo, el marianismo va a ser, al menos en lo tocante al ejercicio del poder, uno e indivisible.

3) Malos tiempos para bachilleres, gente que "pasó por" una o varias Facultades universitarias sin obtener título alguno, concejales de flamenco, excónyuges de embajadores y aparatchniks sin título: Comparar la calidad formativa de cada uno de los miembros del nuevo Gobierno con los del saliente es como comparar La Moraleja con Valdemingómez.

4) Rajoy ha pagado favores a quienes le han apoyado desde 2004 y muy particularmente desde 2008. Y a eso responden en parte los nombramientos de Mato, Pastor, Gallardón, Fernández Díaz y Soria. Llama la atención (pero no sorprende) la no-inclusión de ningún valenciano entre los ministros.

5) El peso del área económica lo llevarán De Guindos y Montoro junto con una casi desconocida Fátima Báñez que pasa de la segunda línea a la primera. Sobre Luis de Guindos -cuyo nombramiento no me gustó demasiado ayer- me remito provisionalmente, a la valoración de José Luis Ruiz Bartolomé. Sobre Montoro mi opinión es sobradamente conocida pero creo que en Hacienda puede hacer un papel mucho mejor que el que hubiera desempeñado en Economía: A fin de cuentas, Luis de Guindos se ha caído del ídem ladrillero mientras que Cristóbal Montoro parece seguir instalado en la negación de lo obvio. En cuanto a Báñez, seguramente será la primera en pasar una prueba de fuego con la inminente reforma laboral, así que podremos ver como navega en muy breve tiempo.

6) Ana Pastor aterriza en Fomento siendo una mujer 100% de Rajoy que no debe nada a ninguna energética, ingeniería, financiera o constructora. Esto es muy importante a la hora de encarar un ciclo económico que va a estar marcado -seguro- por la reducción del gasto público. Es un caso muy parecido al de Ana Mato en Sanidad, siendo ambas mujeres y con solera en el Partido fuera del cual tienen poca o ninguna experiencia.

7) Otro hombre del Partido, Aries-Cañete, ira a la refundada cartera de Agricultura. Me cae simpático y tiene experiencia más que sobrada para ocuparse de la principal tarea de este Ministerio, que es la de defender la parte española de la PAC en Bruselas con uñas y dientes. Por otra parte, la agricultura moviliza mucha mano de obra y es exportable, por lo que tenerla como Ministerio separado es, más que un acierto, una necesidad.

8) En cuanto a los nombramientos políticos: Gallardón en Justicia será muy controvertido y a pesar de ello me parece mejor que la opción Trillo. García-Margallo es una sorpresa en Exteriores, siendo su currículum el de un aparatchnik bregado en la U.E. como segundo o tercer espada. Jorge Fernández Días como Ministro del Interior es toda una declaración de intenciones -y a mi juicio, de intenciones nada buenas.

9) Para Defensa, un hombre del Rey: Pedro Morenés. Sobre cuya trayectoria Libertad Digital pasa de puntillas hasta el extremo de decir -en un ataque de amnesia- que fue Secretario de Estado con Eduardo Serra "quien ya fué en su momento un nombramiento sorprendente de Aznar" como si éste hubiera tenido algo que ver en su nombramiento y no le hubiera venido impuesto desde la Zarzuela. De este tipo de polvos (hablo aquí a los silencios clamorosos de la Prensa patria sobre cuestiones que afectan a la Corona) vienen luego lodos como los de Urdangarín. Pero me desvío del tema: Morenés conoce Defensa, conoce la OTAN, tiene experiencia política y no hay razón para no considerarle, a priori, solvente para el cargo.

10) El Centro Nacional de Inteligencia sale de la órbita de Defensa y pasa a depender de Presidencia. Es decir, de Soraya Sáenz de Santamaría. El que tenga oídos, que escuche.

11) El nuevo Ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, es para mí una completa incógnita. Pero tiene sobre la mesa varios toros que lidiar, entre ellos Educación para la Ciudadanía, la reforma educativa y todo lo relativo a la supresión del canon digital declarado ilegal por Bruselas y el desarrollo -o no- de la Ley Sinde.

En definitiva, estamos lejos del Gobierno de tecnócratas y sí en un Ejecutivo de hombres y mujeres de partido con cualificación y -en líneas generales- experiencia en sus respectivos campos. La costumbre suele ser darles 100 días. Eso le vendría muy bien al Partido Popular para no estropear la difícil victoria en Andalucía. Pero no creo que tengan ni un mes. Lo iremos comentando.

La LOPD, el Opus Dei y el derecho a borrar hechos

Fray_Fanatic — 2011-12-05T10:30:00+01:00

Hecho Número 1: Una mujer se apunta al Opus Dei. Hecho Número 2: La misma mujer, años después, decide abandonar la Obra. Todo normal hasta el momento en que la interfecta no le basta que el Opus Dei anote su baja en el correspondiente archivo con efectos desde la fecha correspondiente, sino que exige el borrado total de cualquier dato suyo en los archivos de la organización.

Dicho en términos más claros: No quiere una anotación de la fecha de su baja, sino un borrado total tanto de su alta, como de su baja. Que no conste en los archivos de la entidad fundada por Escrivá de Balaguer que ella perteneció a la misma alguna vez. Un borrado total de hechos históricos y estadísticos destinada a borrar de cara a la posteridad que esta buena señora perteneció en algún momento a la Obra.

Vaya por delante que la pretensión de esta mujer me parece completamente ilegítima. Si fuiste en algún momento miembro del Opus Dei, del Partido Socialista o de la Asociación de Amigos de Vino de Peñaranda de Duero, se trata sin duda de hechos históricos ciertos y concretos. Bien está que, si cambias de planteamientos, se anote tu baja en tales archivos de forma lo suficientemente eficaz como para no tener que volver a recibir ninguna comunicación más de tales organizaciones.

Pero pretender borrar el dato concreto de tu membresía de tal fecha a tal otra es algo completamente descabellado, en tanto que supone borrar registros que reflejan hechos históricos ciertos con trascendencia estadística de cara al futuro. Es una pretensión de falseamiento de tu propia historia personal, de la historia del colectivo al que has pertenecido y de la realidad histórica de una sociedad en un momento determinado. LOPD en la mano -porque esta señora se ha salido con la suya ante el Tribunal Supremo- será imposible saber dentro de 100 años cuantos militantes tenía el PSOE en el año 2004, cuántos en 2008 y cuántos en 2011. El sueño de todos los que se cambiaron de chaqueta en la Transición, hecho Ley por ellos mismos y utilizado a su antojo.

Se me argumentará que la militancia política o la adscripción religiosa son datos relevantes y sensibles que afectan al ámbito más íntimo de las creencias de una persona. Y, siendo eso cierto -no lo es, por cierto, en los USA donde los votantes se registran como electores de un partido u otro o como independientes y no pasa nada- bastaría con limitar legalmente el acceso a tales ficheros para proteger tal presunta intimidad, sin la orwelliana pretensión de borrar el pasado.

Porque la legislación española en materia de protección de datos es orwelliana y mucho más. Estamos hablando de que ya no se publican las guías telefónicas. Estamos hablando de que la Justicia dejó de ser pública de facto en 1992 para evitar que detectives y periodistas tuvieran acceso a sumarios judiciales como muy bien ha explicado Carlos Sánchez-Almeida.

Y se inició el recorrido que nos ha llevado a vivir en un país en el que un señor puede pasarse la vida dejando a su paso un reguero de deudas, pufos o directamente estafas y se encuentra amparado por un más que dudoso derecho a la intimidad, mientras otros caraduras alegan lo mismo para que dejen de aparecer en google sus multas de tráfico impagadas o se obliga a suprimir las páginas amarillas. Se impide por ley la publicación de listas de delincuentes sensibles -por ejemplo, sexuales- pero se permite al banco consultar con el Banco de España mi salud financiera a la hora de darme un crédito, siendo mis cuentas corrientes completamente transparentes para Hacienda.

Ahora vamos a que organizaciones que por su propia naturaleza conforman la vida pública de un país eliminen totalmente de sus registros hechos políticos o religiosos pero en todo caso históricos y de relevancia permanente y trascendencia estadística -y sacramental, incluso en muchos casos- pero eso sí, del sumario de Urdangarín me tengo que enterar por filtraciones en prensa porque si me voy al Juzgado a pedir una copia (lo que en una Justicia pública se me debería entregar previo pago de una simple tasa) me van a mirar como un marciano y a contarme milongas varias sobre el derecho a la intimidad. Y todo ello al mismo tiempo que mi nombre va a estar ligado al de cualquier SL que yo fundara y vendiera posteriormente a un cliente por los siglos de los siglos.

Digámoslo ya: Prácticamente toda la legislación en materia de protección de datos que tenemos es absolutamente arbitraria, se basa en criterios tan discutibles como que en un estado democrático de derecho una persona va a ser perseguida por sus ideas o directamente ha sido implementada por mejor defender intereses espúreos. En 1992, el interés fue la intimidad del corrupto. En el ocaso del zapaterismo, el laicismo militante de quienes quieren borrar el hecho religioso hasta de los propios archivos del Opus Dei.

Por si alguno lo duda, el Tribunal Supremo ha amparado la pretensión de la ex-numeraria del primer párrafo. El Opus Dei ha anunciado que acatará la sentencia y la Conferencia Episcopal calla ante una legislación y un criterio interpretativo de la misma que no son, ni mucho menos, ni buenos, ni evidentes, ni de sentido común, sino el siguiente paso de quienes hace setenta años quisieron eliminar la religión quemando archivos eclesiásticos y ahora, con técnica más depurada, pretenden obligar a los curas a que ellos mismos sean quienes borren los bautismos de los libros parroquiales.

Así muere el zapaterismo

Fray_Fanatic — 2011-12-02T16:15:33+01:00

Siempre hemos sostenido que el zapaterismo era, antes que nada, una coalición de lobbies que lo sostenían acríticamente a cambio de cuotas de poder. Lejos de los tiempos felices del primer felipismo en el que el PSOE actuaba como bloque monolítico, Zapatero negocia y reparte el botín del poder entre gays, feministas, PRISA, Roures, vieja guardia, aparatchniks, PSC, PSA, y bandas de la ceja varias... a los que, para asegurar una interlocución fluida, sienta en su Consejo de Ministros y los va relevando según conviene al grupo de interés que les propone.

Así llegaron a la bancada azul del Congreso personajes como Miguel Sebastián, Leire Pajín, Trinidad Jiménez, Carmen Chacón, Ángel Gabilondo... o Ángeles González-Sinde, cuyas obvias vinculaciones con la industria audiovisual deberían hacer simplemente implanteable que llegara a ser titular de Ministerio de Cultura alguno digno de tal nombre. El resultado del nombramiento de Sinde no podía ser otro más que el que ha sido y que se resume en lo siguiente:

1) Personificar, negro sobre blanco, todos los vicios y defectos de nuestra partitocracia, puesta de manifiesto en componendas como la propia tramitación de la Ley Sinde.

2) Evidenciar hasta qué punto nuestros gobernantes se comportan como auténticos satélites de las decisiones e intereses norteamericanos.

3) Dejar claro que el régimen de incompatibilidades de nuestros cargos públicos es una burla que no impide a nadie ponerse a firmar talones a los amigos tan pronto llega a un Ministerio.

4) Mostrar a la sociedad las más absolutas cotas de prepotencia, defensa de intereses privados ilegítimos de unos pocos y falta de pudor y sentido común a la hora de hacerlo.

5) Aunque podría seguir (Enrique Dans lo hizo hace meses) me voy a quedar con la consecuencia directa de todo lo anterior: La galvanización de la sociedad civil ante tanta impudicia junta. La Ley Sinde fue, en efecto, uno de los desencadenantes de la indignación que dió lugar a los movimientos No Les Votes y 15M que tanto han tenido que ver en la desmovilización del electorado socialista contribuyendo así al descalabro del PSOE.

Ha tenido que ser José Blanco quien diera la voz de alerta generando una bronca en pleno Consejo de Ministros en el que llegó a decir que aprobar el Reglamento "sería el fin del Partido Socialista". Exagera, pero no le falta razón: Tras el rotundo batacazo en las urnas, lo último que necesita el PSOE es que cada vez que se cierre una web Twitter y Facebook ardan recordando como un Consejo de Ministros saliente culminó en tiempo de descuento una burrada jurídica que ya se inició colando de rondón una Disposición Adicional en una Ley de Economía Sostenible en la que no pintaba nada y celebrándolo acto seguido con los beneficiarios en un restaurante.

Porque el zapaterismo -esa confederación de intereses de la que Sinde representa solo a una pequeña parte, quizá la más fácil de retratar- no va a sobrevivir a Zapatero, a quien no veremos siendo llamado a dar muchos mítines en los que pedir el voto para sus sucesores al frente de la nave de Ferraz.

Pero cada uno de los integrantes de esa coalición que se han pasado siete años y medio haciendo leyes para sí mismos sí aspiran a hacerlo: Rubalcaba y su vieja guardia, el aparato del PSOE hablando por boca de Elena Valenciano, los sectores más feministas encarnados en Aído o Trinidad Jiménez, los amigachos de Miguel Sebastián que le procurarán acomodo en este o aquel sector, el propio Blanco que, con un horizonte penal complicado necesitará el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, e incluso un Francisco Caamaño que difícilmente podría aspirar a una sinecura en el Poder Judicial si no se opusiera tajantemente a unas disposiciones que sitúan los derechos de autor por encima de libertades fundamentales.

Todas estas contradicciones larvadas durante años han estallado tras la certificación de la muerte política (¡y que muerte política!) de un Rodríguez-Zapatero que se marcha dejando tras de sí un erial en todos y cada uno de los lugares políticos donde una vez pudo buscar apoyo. Hundidos hasta lo más hondo del fango del desprestigio social cada uno de sus miembros, ninguno está dispuesto a sacrificar ni un ardite más por el interés de los demás, la coalición ha dejado de ser tal.

Queda para la Historia. Así, señores, murió el zapaterismo: A navajazos en un Consejo de Ministros.

El delito del Duque de Palma (Actualizado)

Fray_Fanatic — 2011-11-30T09:43:00+01:00

Ahora que va quedando claro exactamente en qué consisten los delitos que se le imputan a Eduardo "Teddy" Bautista (que se refieren, como ya apuntamos en este blog a no informar a los socios o hacerlo deficientísimamente de en qué gastaba el dinero las sociedades participadas por SGAE) pintan calva la ocasión para hablar del sumario abierto a propósito del entramado montado por Urdangarín y su socio Diego Torres.

Y al igual que en el caso de la SGAE, conviene aclarar previamente la diferencia entre lo que es una entidad sin ánimo de lucro y lo que no lo es y la diferencia entre lo que no pasa de ser una inmoralidad y un escándalo de imagen y lo que es un delito en toda regla. Vayamos por partes.

En este caso, el Instituto Noós es una Fundación. Una entidad sin ánimo de lucro -como lo es una Asociación- que se basa en gestionar un patrimonio puesto al servicio de unos fines. A diferencia de una Asociación, la Fundación se constituye ante Notario y en vez de inscribirse en un Registro de Asociaciones, lo hace en uno de... Fundaciones. Hay que decir que el Registro de Fundaciones tiene unas funciones considerablemente más amplias que el de Asociaciones y que llegan hasta el mismísimo sellado de los Libros y depósito de las correspondientes cuentas anuales. Bien.

Dos cuestiones interesantes sobre las Fundaciones y su funcionamiento económico:

- Como regla general -tan general es que hasta los Estatutos-tipo del Ministerio de Cultura lo recogen así- el Patronato de una Fundación es el único órgano de la misma. Gestiona, manda, ordena, dirige y aprueba las cuentas y además selecciona más o menos a su antojo a sus nuevos miembros. [Sin relación con este tema: Cuando una o varias personas jurídicas montan una Fundación, son ellas mismas las que designan y sustituyen a los Patronos que las representan en tal Patronato].

- Los Patronos de una Fundación ejercen sus funciones gratuitamente pero pueden contratar con la Fundación si se lo autoriza el Protectorado, es decir, si se lo autoriza el Estado que es quien ejerce la función de Protectorado que es una suerte de control sobre las fundaciones.

Hasta aquí no hay ningún delito por parte del Duque de Palma. Es Patrono de una Fundación, es empresario, no hay ninguna incompatibilidad entre ambas cosas y aún en el caso de que hubiera incumplido la obligación de pedir permiso al Protectorado (es decir, al Gobierno) para que empresas de las que él sea Administrador facturaran a Noós, es más que dudoso que hubiera incurrido en delito alguno sino más bien en una mera irregularidad administrativa (tal vez sancionable con multa) o en algún ilícito civil demandable por los restantes Patronos. Bien.

Lo importante es tener claro el siguiente concepto: Las Fundaciones pueden perfectamente -y de hecho lo hacen cada día- subcontratar servicios y pagar por ellos bajo el criterio y el control de sus Patronos y -en casos específicos- del Protectorado. No hay delito alguno en ello, por feo que nos pueda parecer que el consorte de la Infanta vaya por ahí pidiendo dinero a entes públicos y privados para una Fundación de la que luego cobra.

Por otra parte, tenemos las empresas de Urdangarín, de su socio, de la Infanta y de amigachos varios que podemos dividir muy a brocha gorda en tres categorías:

a) Las que le facturan a Noós: Esta actividad es fea, pero no delictiva. Si luego Noós cobra mucho o poco o si luego la empresa subcontratada cobra mucho o poco de Noós es algo absolutamente opinable. Aquí no está el delito.

Y que me perdonen los periodistas que ven en esto una trama destinada a "apoderarse" de fondos públicos, porque estos fondos dejan de ser públicos en el momento en el que se les entregan a una entidad privada que puede subcontratar y subcontrata a quien le parece.

b) Las que le facturan directamente a administraciones públicas o empresas privadas varias: Lo siento mucho, pero aquí tampoco está el delito dado que se trata de una actividad completamente lícita...

...a excepción de cuando no lo es.

¿Cuándo deja de ser lícito que una sociedad del señor Urdangarín o del ciudadano Pérez le facture a una administración pública? Pues desde el momento en el que, por ejemplo, la adjudicación del contrato no es limpia: Si resulta que los presupuestos que deben pedirse a tres empresas independientes entre sí se envían desde el mismo fax sito en la sede de la misma Fundación sin ánimo de lucro de la que eres Patrono y el presupuesto más bajo resulta ser el tuyo, la cosa empieza a apestar a alteración de precio en concursos públicos.

c) Las que se dedican a facturarse entre sí dando lugar a una trama de fraude fiscal: Aquí hemos llegado ya al colmo de los colmos. Si tus empresas le han facturado a tu entidad sin ánimo de lucro seis millones de euros y han pagado 200.000 euros en impuestos, aquí está pasando algo muy gordo que el Código Penal define como fraude fiscal.

Y estos son, en definitiva, los dos posibles conductas punibles de Iñaki Urdangarín. Lo demás -léase constituir una entidad sin ánimo de lucro y un puñado de sociedades e ir pasando la bolsa por Ayuntamientos, Consejerías y empresas- puede ser más o menos presentable pero es más que dudoso que sea castigable.

Conviene tener en cuenta la diferencia en evitación tanto de demagogias, como de sorpresas según avance la investigación.

Actualización 1/12/2012: Ahora resulta que Noós, que era quien cobraba por realizar el proyecto y era quien tenía trabajadores en nómina, subcontrataba la realización de los "informes" con las sociedades vacías de Urdangarín. Evidentemente, no se trata de la estructura más inteligente del mundo, pero antes de ponernos a hablar de "recibos falsos" (es decir, de un delito de falsedad en documento privado) reléase lo expuesto en el apartado a) del punto anterior. La cosa es paulatinamente menos presentable y empieza a acercarse más y más a las líneas rojas del Código Penal... pero nada impide al Duque de Palma prestar sus servicios a través de una sociedad. Más bien habría que preguntarse como es posible que un Ayuntamiento pague 7.000 euros por "veinte folios repletos de vaguedades, frases hechas y erratas" y no haya ningún imputado por malversación de caudales públicos.