Martes, 18 de enero de 2011

Protecci?n del Hiperv?nculo

Me preocupa sobremanera que la Agencia Espa?ola de Protecci?n de Datos pretenda obligar a Google a eliminar enlaces a p?ginas web a requerimiento de particulares?que encuentran injurioso el contenido de las mismas. En primer lugar porque los particulares no son quienes para decidir si un contenido es injurioso o no y la AEPD tampoco: El ?rgano competente para decidir si el contenido de un sitio web constituye una injuria son los jueces.?

M?s grave todav?a me parece el hecho de que los enlaces que la AEPD ha instado a Google a eliminar por su contenido potencialmente injurioso?correspondan a cuatro publicaciones en boletines oficiales y a una noticia dada por el diario El Pa?s. ?Acaso los boletines oficiales se dedican a publicar injurias? ?Hay acaso sentencia declarando injurioso lo publicado por El Pa?s? ?Hay alguna raz?n por la que algo tan palmariamente obvio como que el obligado a retirar una informaci?n injuriosa es el que la publica y no el que la enlaza deba llegar a los tribunales por obra y gracia del empe?o quijotesco de una agencia del Gobierno?

Por supuesto que la hay.

Estamos asistiendo a los inicios de lo que terminar? siendo un intento generalizado de controlar Internet. El proceso est? en sus primeros balbuceos y est? siendo, por lo tanto, torpe: Visto que los contenidos de los boletines oficiales son inmutables y que la censura de lo publicado en un medio de comunicaci?n es impensable sin sentencia previa, la AEPD no tiene m?s opci?n que explicarle al particular que se tiene que aguantar. Postura esta que me parece la m?s perfectamente razonable: Si se publica una resoluci?n contra usted en un bolet?n oficial la culpa es exclusivamente suya. Lo que no tiene l?gica alguna es que la Agencia Espa?ola de Protecci?n de Datos se dedique a tratar de limitar la difusi?n de los boletines oficiales.?

?Y qu? hacemos con la noticia publicada en El Pa?s? La l?gica nos indica que lo ?nico posible ser?a en todo caso ejercer el derecho de rectificaci?n enlazando a la misma rectificaci?n desde la propia noticia. Pero la censura del art?culo no debe poder decidirla nadie salvo el juez... y en todo caso quien debe llevarla a cabo es el diario y no Google.?

El intento de pretender que sea el buscador de quien censure un contenido en vez de la web en la que se ha publicado el mismo no responde a otra cosa m?s que a una estrategia de la Administraci?n para quebrar la libertad de Internet por la v?a indirecta del ataque al hiperv?nculo: Es una v?a f?cil para seguir diciendo que Internet es libre, porque el contenido sigue publicado... al mismo tiempo que se vac?a de contenido dicha libertad mediante la prohibici?n de enlazar hacia tal informaci?n. Es la cuadratura del c?rculo. Y es -y seguramente no por casualidad- la misma estrategia -atacar al que enlaza ya que evitar la publicaci?n es imposible- que se pretende implementar con la Ley Sinde, peligros?sima esencialmente por lo que tiene de ataque indiscriminado al enlace y al enlazador.

A la fuente le amparan otros derechos?-se justifican desde la AEPD. No dicen, pero va impl?cito, que est?n tratando de poner a prueba hasta donde llegan los derechos que amparan al que, sin ser fuente, enlaza. Y eluden intencionadamente cual es ese m?gico derecho que ampara a unos s? y a otros no, aunque la l?gica dice que deben estar hablando de un ?nico derecho que les ampara a ambos: La libertad de expresi?n. La libertad de expresi?n es lo que me ampara a m? para publicar este art?culo y la misma libertad de expresi?n es sin que quepa duda alguna la que ampara a quienes decidan enlazarlo. Cualquier otra cosa supone dejar en el limbo jur?dico y sometido a los caprichos de la Administraci?n la Internet entera. Empezando por Google. ?

Y a este burdo intento de censura, y de negaci?n arbitraria de la libertad de expresi?n -pues eso y no otra cosa es un enlace- ?le llama el Estado Protecci?n de Datos.?

Lo cierto es que parece indudable que el poder pol?tico le tiene miedo a Internet. Miedo y profundo desconocimiento. El miedo se nota en la reticencia a aprobar leyes que conviertan en norma la transparencia institucional: Siete a?os para estudiar y no-aprobar una Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci?n P?blica lo acreditan. El desconocimiento es fruto m?s bien de una mentalidad incapaz de adaptarse a un paradigma que les es por completo ajeno: No se puede pretender que quien viene de la estructura piramidal de un Partido cl?sico o de la Administraci?n comprenda en absoluto lo que es una estructura en red, que se basa en cooperaciones voluntarias y relaciones no-jerarquizadas. Yo no le doy ?rdenes a, ni recibo ?rdenes de, la Yihad en Eurabia??o el Club Museros. Es m?s, Museros no le da ?rdenes al Club Museros y los yihadistas son cada uno de su padre y de su madre. Y me jugar?a las dos piernas a que?Viruete?-ni se lo he preguntado, ni me importa- viene a estar m?s o menos en mis ant?podas pol?ticas. Y todos tan felices.

Y como esto no se entiende, no deja de buscarse la manera de tratar Internet como si fuera una televisi?n cualquiera. Y eso nos lleva directamente a la b?squeda desesperada del modo de perseguir el hiperv?nculo. Ese si que necesita protecci?n, y no los datos.?


PD: En relaci?n a esto, mucha suerte al Estado persiguiendo el DDoS. Ya estamos viendo el efecto disuasorio de la ?ltima reforma del C?digo Penal: La inmensa ignorancia de los chavales de Anonymous es a la vez una armadura que les hace impermeables a cualquier disuasi?n. ?Y sobre todo, queda en el aire solventar algunos peque?os detalles procesales imprescindibles para enviarles a compartir de seis meses a dos a?os de prisi?n con el asesino del naipe, tales como por ejemplo?ver como distinguimos un DDoS de un puro y simple intento de visualizar una web.

El intento sigue siendo pobre, pero queda claro hacia donde van: Equiparan entrar en un disco duro ajeno a reventar una cerradura y apropiarse del sal?n de casa... pero la analog?a entre el DDoS y la manifestaci?n masiva no les vale igual.?


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