Por ir cerrando el tema de un debate que me parece de importancia menor -y luego iremos adelantando el porqué- merece la pena leer tanto las versiones de la controladora Cristina Antón (alerta: blog chabacano) como la ya expuesta hace meses por el también controlador Francisco Capella. Respecto al fondo del asunto, a mí sigue sin caberme ninguna duda: El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer no por defender un presunto "derecho fundamental a viajar en avión" sino por cumplir una de las funciones esenciales de un Estado, que no es otra sino asegurar un tráfico seguro dentro de sus propias fronteras.

En este sentido, quizá una de las muestras de debilidad más importantes del Bajo Imperio Romano fue la proliferación de bagaudas desde finales del Siglo III d.C. Estas bandas -casi verdaderos ejércitos- de ladrones armados fueron una constante en el oeste de Europa hasta que Odoacro destronó a Rómulo Augústulo en el siglo V y el gobierno de Roma fue sustituído por legalidades más capaces -estas sí- de restaurar una cierta semblanza de seguridad en los caminos.

Por supuesto, el bandidaje en los caminos (es decir, la pura y simple conversión de algo tan elemental como viajar personalmente o transportar mercancías del punto A al punto B dentro de las fronteras de un país) no desapareció con la caída de Roma. Pero la persecución generalizada de quien osaba amenazar o interrumpir tal tráfico poniendo en peligro las vidas y los bienes de los viajeros era considerada una función tan elemental de un estado que ningún gobernante se atrevió a desentenderse de su ejercicio -reclamado, además, por las propias poblaciones- nombrando a tal efecto oficiales de Justicia revestidos de autoridad real o incluso, en casos extremos, dando carta de naturaleza a instituciones armadas privadas financiadas con dinero público para velar por unos u otros aspectos de la seguridad en las rutas. 

Podría extenderme más y hablar de la Guardia Civil, sucesora de la Santa Hermandad en lo que a seguridad en los caminos se refiere. O del Temple, creado para proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa. O de como el Senado de Roma, que carecía de flotas permanentes, tuvo que autorizar a Pompeyo a armar una ex-profeso para acabar con la plaga de la piratería en el Mare Nostrum. O de como Colombia, hasta ayer mismo, organizaba convoyes de turismos y camiones privados escoltados por el ejército para viajar entre Bogotá y Medellín. ¿Derechos fundamentales a viajar o a mover mercancías? No, sentido común. Si no soy capaz de garantizar un tránsito regular y seguro por mi territorio soberano mi soberanía es una caca de perro. 

Esto es a lo que han jugado los controladores. Lo grave no es que los Peláez se queden sin puente, sino que dos mil doscientos bagaudas pongan en entredicho la capacidad del Estado para asegurar un tráfico normal por uno de sus espacios soberanos. Porque eso afecta directamente a una de las funciones básicas de todo Estado digno de tal nombre. 

Y con tal de cumplir esa función, con tal de que no quede en entredicho la capacidad del Estado para asegurar lo mínimo y lo básico para ser considerado tal cosa, el Estado tiene el deber inexcusable de armar flotas, de reclutar legiones, de nombrar Sheriffs, de autorizar a los concejos a que el párroco del pueblo y una docena de amigotes recorran la campiña armados o de obligar a Doña Cristina Antón a trabajar a punta de pistola. Porque el número de gente capaz de suplir a Doña Cristina Antón y a sus alegres mil ciento noventa y nueve comilitones es, lamentablemente, próximo a cero. 

Todo esto al margen totalmente de las vacaciones de los Peláez y del tráfico de mercancías. Viajeros y mercaderes pueden reclamar las indemnizaciones que les correspondan por sus pérdidas patrimoniales y morales en los Juzgados. Pero para el Estado -y no digamos para su Gobierno- esto es una cuestión de funciones básicas y de prestigio y esas no se recuperan en los Juzgados. 

Lo que acabo de exponer se me antoja de comprensión tan básica como el abecedario. Teoría del Estado mínima. Me parece incluso incomprensible el tener que explicar que el Estado, en cumplimiento de sus funciones básicas, tiene el derecho y el deber de usar la fuerza. 

Ahora bien, una vez dicho esto... 

- La legalidad de esta actuación legítima del Gobierno me parece más que dudosa. 

- Que esta crisis surja precisamente después de esto, mientras sucede esto y cuando se plantea esto, no me parece en absoluto casual.   

- Y que Rubalcaba anunciara el mismo sábado que el Gobierno pediría prorrogar el Estado de Alarma con un Zapatero desaparecido de las ruedas de prensa y de los documentos, que Soraya diga que lo que diga Moncloa y que El Mundo anuncie la posibilidad de dos meses de Estado de Alarma me da a entender que, como dos y dos son cuatro, que aquí están pasando cosas. Esta y otras. 

Veremos qué va pasando.