Orisson y Museros publican sendas entradas a propósito de la huelga de los controladores. En esta ocasión no estoy de acuerdo con gran parte de lo que dicen y el asunto me parece lo bastante importante como para dedicarle una réplica, no solo al resumen que realizan sobre los hechos concretos que nos han llevado a esta situación sino también a los presupuestos ideológicos en los que fundamentan su postura.

Vaya por delante el problema de fondo, que no es otro más que la interpretación de la Ley 9/2010 respecto al cómputo de horas máximas anuales que un controlador aéreo puede trabajar. Dado que las horas extra se cobran mucho más que las regulares, los controladores pretendían que se contabilizaran como horas trabajadas los permisos sindicales, las imaginarias, las licencias y ausencias por incapacidad laboral, así como las reducciones de jornada. Para los controladores se trataba, esencialmente, de forzar una interpretación que no solo obligara a AENA a computar muchas más horas como extra, sino que además obligara a dar marcha atrás a la limitación de 1670 horas anuales de trabajo, que les priva de tantas horas extra. 

Pero los controladores se olvidaron de un pequeño detalle: La potestad reglamentaria del Gobierno, que decide este viernes publicar un Decreto aclarando dicha cuestión... naturalmente en favor de AENA. En este momento, los controladores tenían una opción: Acudir a los tribunales a impugnar dicho Decreto y el Reglamento que aprueba.

Lo que hicieron fue una cosa radicalmente distinta: A las 17:00, empezaron a levantarse de sus puestos de trabajo -esencialmente, de la básica torre de control de Torrejón, que parece que coordina todo el espacio aéreo nacional- y va alegar masivamente que estaban de baja. No, no es que se pusieran a trabajar sus horas. No, no es que ejercitaran su derecho de huelga.

Es, simplemente, que decidieron perpetrar una actitud colectiva consistente ni más ni menos que en obligar al cierre del espacio aéreo español para el tráfico civil. En todos los sentidos, subieron las apuestas hasta el máximo y mediante una acción evidentemente organizada le dan un jaque al Estado interrumpiendo el tráfico aéreo civil en la totalidad del territorio nacional. 

A partir de aquí, el Gobierno tenía tres opciones distintas:

1) Negociar con los controladores, lo cual prácticamente obligaba al Ejecutivo a ceder a lo que quisieran pues con el espacio aéreo cerrado, el tiempo jugaba en contra suya.

2) Poner en juego toda la maquinaria legal que tiene el Estado para el aseguramiento del interés general del país.

3) Hacer las maletas y largarse, necesariamente en autobús, tren o barco.

Para sorpresa de todos, el Gobierno optó por la segunda opción. No creo que nadie sensato vaya a discutir que el funcionamiento del tráfico aéreo está directamente relacionado con el interés general del país. Y para restaurar la normalidad, se optó por colocar a los controladores aéreos bajo mando militar. 

Tengo que decir que llegados a este punto esperaba sinceramente que los controladores entendieran que era el momento de hacer el indio por puro y simple agotamiento de las flechas. Pero sucedió lo que el mismo viernes por la tarde ya me había anticipado un amigo, íntimo conocedor de la situación: "Te digo yo que a estos tíos les pones bajo mando militar y les va a dar igual". Y yo me quedé atónito cuando horas después Rubalcaba anunciaba no solo que la mitad de estos tíos no se habían reincorporado a sus puestos, sino que además los que habían acudido no trabajaban. 

A partir de aquí, podemos decir que los controladores han entrado en dinámica suicida, porque es evidente que el Gobierno ni va a negociar con ellos ni les va a permitir que prosigan con su secuestro del tráfico aéreo. La única respuesta que le quedaba al Estado, en tanto que monopolista de la fuerza era la pura y simple coacción legal, penal y quizá física (deteniendo o encarcelando a los controladores) para que el transporte aéreo volviera a la normalidad.

Esto es lo que ha sucedido con la declaración del Estado de Alarma. Posiblemente, el Decreto de mayor gravedad y trascendencia en los 32 años de Constitución de 1978 con la posible excepción de la expropiación de RUMASA. Y que a diferencia de éste, no ha sido ni propuesto, ni firmado, ni explicado por el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tan desaparecido desde el viernes como su congénere de la Oposición.

Y de este relato, que es en sí mismo la réplica básica a lo que cuentan mis coenlazados, vale la pena extraer unas conclusiones políticas básicas: 

1) Que el ejercicio de los denominados "derechos colectivos" -en los que cada vez creo menos- tiene que tener límites tanto más estrictos cuanta mayor sea la capacidad del colectivo en cuestión de chantajear a la sociedad entera.

2) En atención a lo anterior, determinados colectivos -policía, bomberos, sanidad pública, medios básicos, masivos y públicos de transporte colectivo- no pueden ser tratados como cualquier otro trabajador, ni le pueden servir las mismas excusas o métodos que a cualquier otro trabajador porque ese tratamiento junto a su capacidad para el chantaje político y económico tomando como rehén al conjunto del cuerpo social nos lleva directamente a la acumulación acelerada de privilegios inasumibles a la larga. 

3) Ante un número minúsculo de trabajadores con el poder puro y simple de paralizar la totalidad del tráfico aéreo civil sobre los cielos de España las posibilidades de respuesta proporcionadas solo pueden ser la coacción y el Código Penal. 

Estos conceptos están al alcance de la gran mayoría de los españoles. No son el Gobierno y sus medios quienes azuzan a las masas contra los controladores aéreos, sino la sociedad entera la que repudia de la forma más tajante posible la actitud de éstos. Los controladores firmaron el viernes su sentencia de muerte de cara al público y sirviéndole al Gobierno en bandeja la oportunidad de ganar crédito tras los últimos palos. 

Y todo esto sin negar lo evidente: Que vienen tiempos muy difíciles en los que se pretende que la sociedad entera asuma una deflación que nos devuelva a 1996. Y que esta pretensión supone desmantelar el modelo de sociedad que los triunfitos del 68 se dieron a sí mismos y que el mensaje de "nadie es intocable" se le tiene que grabar a fuego en la cabeza no solo a los supercincuentones acostumbrados a hacer lo que le viene en gana, sino también a ese porcentaje elevadísimo del país cuyo puesto de trabajo es directamente una ficción, bien por ser totalmente innecesario o bien por basarse en condiciones laborales de fantasía.

La versión de los controladores la tenéis por ejemplo aquí. Es evidente que están hasta las narices de muchas cosas. A nadie le gusta formar parte de un colectivo de trabajadores marcado precisamnete por su propia superespecialización.  Pero mienten. Aquí durante la bonanza económica no se escuchó a un solo controlador decir ni mú por lo pocos que son ni por las horas extra que les obligaban a hacer. Antes bien, los problemas vienen desde principios de este año cuando -precisamente- se les quiso privar de tales horas.