José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba han puesto fin de forma expeditiva a la actuación prácticamente terrorista de los controladores aéreos. Bienvenida sea su contundente actuación.

 Se trata de dos políticos que no son santo de nuestra devoción, pero son ellos quienes han implementado las medidas necesarias para algo elemental: Que un puñado de hijos de la gran puta no puedan decidir levantarse de sus puestos de trabajo por sus cojones treintaytrés y obligar ni más ni menos que al cierre del espacio aéreo del Reino de España tomando como rehenes -para empezar- a 250.000 viajeros en un inicio de puente. 

De José Blanco -a quien desde este momento hago voto de no volver a llamar Pepiño- llevamos meses diciendo (aquí, aquí, o aquí) lo bien que le está sentando el Ministerio de Fomento. Por su parte, Alfredo Pérez-Rubalcaba ya desactivó en su día el intento de los camioneros por sitiar España mediante el expeditivo método de enviar a la Guardia Civil. Sin duda alguna, los controladores aéreos han pinchado en el hueso de los dos máximos pesos políticos del Gabinete Catástrofe de Zapatero. 

En resumidas cuentas, la medida tomada por el Gobierno supone poner a los controladores aéreos civiles bajo mando, disciplina y código penal militar en virtud de la Ley de Seguridad Aérea que modificó el Ejecutivo la misma mañana del viernes 3 de Diciembre para crear, a falta de una Ley Orgánica de Huelga, una herramienta absolutamente imprescindible para la defensa de los intereses del país y de la ciudadanía frente a determinados colectivos capaces de hacer un daño desproporcionado a su tamaño. 

Mediante un Real Decreto modificando una ley simple, se autoriza al Ejecutivo a militarizar a quienes juegan a parar servicios colectivos básicos. Mediante recursos muy parecidos, los Gobiernos autonómicos podrían dotarse de similares defensas frente a abusos como las huelgas salvajes de los transportes públicos. 

Mucho ojo a esta jugada, porque aquí lo que está en juego -y lo que va a estar según el Gobierno se vea obligado a implementar más y más medidas de ajuste- va a ser la capacidad de determinadas castas privilegiadas como las de los empleados de empresas públicas de hacer arder el país.

De momento, hoy el espacio aéreo está bajo control del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, José Jiménez Ruiz. Para inmensa alegría de quien tenga previsto volar en estos días. Y bajo su mando, los mismos hijos de puta que esta tarde alegaban estrés, no solo se han curado sino que, además, trabajan. 

A ver si ahora Blanco redondea la jugada y los despide a todos. 

Creo que esto es la función que se representa en el escenario, y que vemos desde nuestros asientos en el patio de butacas.

Pero creo, sinceramente, que lo que está en juego, realmente, es que el gobierno pueda, cuando quiera, obligar a cualquier españolito de a pie a trabajar en las condiciones que desee (o deseen los que tienen que desearlo), y con el ejército de por medio, si hace falta. Y que la gente se vaya acostumbrando, y hasta nos parezca normal. Esto es, sencillamente, el "divide y vencerás" necesario para imponer las medidas que se avecinan.

¿¿Que los panaderos (ejemplo hipotético) no quieren trabajar por cuatro duros?. Ejército y amasando, que es gerundio. Y los demás aplaudiendo con las orejas, pensando que a ellos nunca les va a tocar (mientras Pepiño y Rubalcaba preparan la vaselina para el próximo colectivo).

Evidentemente, esto es un aviso específico para todos los supercincuentones incrustados en empresas públicas en condiciones privilegiadas.

Pero no nos equivoquemos: Si el Gobierno de España no era capaz de restaurar el orden en el espacio aéreo del Reino, ya podía hacer las maletas.

Al final de lo que se trata es de tener las herramientas adecuadas para evitar que colectivos muy reducidos pero con una enorme capacidad para el chantaje y la toma de rehenes vivan como pachás a expensas del resto de la sociedad gracias a que negocian con una Administración Pública.

Pues yo, que soy muy malpensado, creo que este movimiento ha sido buscado por el propio Gobierno. ¿A quién se le ocurre aprobar un Real Decreto como el que ha provocado el conflicto justo antes de un puente? A nadie en su sano juicio. Claro, salvo que se le pueda sacar rédito político. La reacción de los controladores no por exagerada dejaba de ser previsible, y al final la respuesta del Gobierno no sólo es adecuada, es que les hace quedar bien delante de la opinión pública. Ahora sí que parece que hacen "algo", aunque sea darle una patada en el culo a estos controladores que ganan tanto dinero y que además nos joden las vacaciones. Lo grave del asunto es que al final es el Gobierno quien ha usado a esas 250.000 personas para hacerse un lavado de cara.