Tenía que pasar. Leire Pajín ha llegado a Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad y quiere dejar su impronta. En esta ocasión se trata de retirar la custodia a los incursos en un proceso de Violencia de Género. A los meros denunciados, vaya.

Porque no perdamos de vista que un proceso por Violencia de Género es, en definitiva, lo que ya comentamos en su momento: Denuncia, detención inmediata, 48 horas de calabozo y unas medidas cautelares salvajes que se mantienen durante muchos meses o años después.  

Va siendo hora de empezar a decirlo: La peligrosidad social del presunto maltratador -y en gran medida incluso del real- es desde el punto de vista de la sociología criminal, prácticamente nula. En la mayoría de los casos, nos encontramos ante un señor que solo es un peligro para su pareja y en cualquier caso solo en el ámbito de la pareja. No se trata de un asesino en serie o de un ladrón, peligrosos para la vida y propiedad de la totalidad de la sociedad. Ni siquiera de un estafador o falsificador de documentos que ponga en riesgo la seguridad en el tráfico jurídico y económico. Un maltratador no pone en peligro la salud pública, como lo hace un traficante de drogas, ni promueve el odio étnico como lo hace un apologeta del racismo o del genocidio. 

La peligrosidad social de un denunciado por maltrato consiste en poner en riesgo bienes jurídicos única y exclusivamente de quien sea su pareja o cónyuge. Punto. Y en este sentido, lo justo, lo normal, lo proporcionado y lo lógico es que todas las medidas cautelares que se tomen sobre él vayan destinadas única y exclusivamente a salvaguardar los bienes jurídicos que se creen en peligro... que son exclusivamente los de la mujer que es su pareja. Es perfectamente entendible que a un denunciado por maltrato se le prohíba acercarse a su pareja denunciante. Pero no hay ninguna necesidad ni se protege bien jurídico alguno privándole de la custodia de los hijos. 

Así las cosas, cabe preguntarse cual es el trasfondo de esta medida.

Particularmente, lo tengo muy claro: Empieza a haber síntomas de agotamiento con la VdG incluso en los sectores más progres de la judicatura. La injusticia manifiesta de los actuales protocolos contra la Violencia de Género, unido al hecho de la pura y simple inverosimilitud de un porcentaje cada vez mayor de las denuncias presentadas están haciendo que muchos jueces no apliquen la ley como le gustaría al zapaterismo. Y la custodia de los hijos es un asunto vital, porque de él dependen, pura y simplemente, las pensiones alimenticias de muchas mujeres que aspiran a vivir del fruto de su coño. Toca defenderlo con uñas y dientes. Toca asegurarlo para limitar las interpretaciones de los jueces al mínimo.

La custodia de los hijos es, simplemente, la diferencia entre meter la mano o no en el sueldo del marido en beneficio de la madre y, en este sentido,  el que se disparen o disminuyan las denuncias por VdG con la consiguiente percepción de "éxito" o "fracaso" de dicha legislación. Lo van a pelear, aunque la modificación suponga no solo un ataque a la proporcionalidad de las penas, sino el introducir en la ecuación de la Violencia de Género un elemento absolutamente ajeno a la misma, como es la custodia de los niños. Pero lo que sí es evidente es la relación entre los beneficios que para una mujer tenga una denuncia por malos tratos y el número de tales denuncias que se formalicen. 

El otro día me hacían llegar por correo electrónico unos datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial según los cuales solo se habrían dado, en el primer trimestre de 2010, 3 casos de denuncias falsas en toda España en un total de 23762 sentencias. No tengo noticias de si a los señores Consejeros Generales les diera la risa floja. Tampoco me consta que al Fiscal General del Estado se le cayera la cara al suelo, leprada por el cinismo. ¿Está el CGPJ aquejado de la misma desvergüenza que emana de las Cámaras que nombran a sus vocales? ¿Ha tenido vergüenza alguna vez el Fiscal General? Porque seguir negando a estas alturas lo que sabemos todos los profesionales del derecho implicados, incluidos los propios jueces (uno, dos, tres y además sus compañeros les apoyan), es que no solo el porcentaje de denuncias falsas es elevado, sino también que la Fiscalía, pura y simplemente, solo los está persiguiendo en los casos más graves y evidentes. Tres en el primer trimestre de 2010.

¿Creíamos que las feminazis iban a quedarse mirándose el ombligo mientras atacábamos el chiringuito de género que se han montado? Inactividad de la Fiscalía. Pseudoinforme del Consejo General del Poder Judicial. E iniciativa de la Ministra Pajín (hay que j...) para que se multiplique aún más el número de denuncias de Violencia de Género sin fundamento penal alguno, pero sí interés económico máximo. 

Entregados al rigor de las leyes feminazis, muchos maridos llegan a suicidarse, como denuncia el juez Serrano. Muchos otros quedan en una gran fragilidad social y cuando pierden su trabajo se convirten en mendigos, como bien saben en las organizaciones de caridad. Pero para las que esperaban vivir de la pensión por alimentos, esto es matar al ex-marido de los huevos de oro.