Cada vez que alguien me habla de derechos colectivos, automáticamente me llevo la mano a la cartera y corro a consultar el BOE a ver qué autoridad pública está amamantando al interfecto. Raras veces me equivoco. En lo relativo a la huelga general programada para el 29 de Septiembre, se está insistiendo en hablar de un presunto derecho de unos señores a obligar a cada uno de los ciudadanos del país a no trabajar, tanto si estos desean ser partícipes de la huelga, como si no. 

Desde Contra los Gigantes, lo tenemos claro: Nada impide a los sindicatos y a sus seguidores hacer huelga. Pero el Gobierno del Reino tiene la obligación de garantizar a todo el mundo unos servicios de transporte y un orden público tales que permitan a quien desee acudir a su puesto de trabajo o abrir su negocio poder hacerlo con normalidad.

El problema está, naturalmente, en que ninguna de estas dos premisas va a cumplirse: Los sindicatos opinan que su derecho de huelga incluye específicamente el derecho a impedir por cualquier medio el ejercicio del derecho a trabajar de los demás. Y el Gobierno no solo ha incumplido ya el deber de garantizar servicios mínimos regulares en el transporte, sino que muy probablemente incumpla el de mantener un orden público digno de tal nombre. Y en esta situación, quienes no vamos a hacer huelga quedamos librados a nuestras propias fuerzas.

Esencialmente, el problema viene de que los sindicatos están tan deslegitimados que necesitan desesperadamente un seguimiento de la huelga general tan amplio que les sirva para cantar victoria. Y de que el Gobierno no puede permitirse que un aliado como este -que lleva lustro y pico apoyando sus inacciones- caiga en el descrédito más total. El PSOE necesita a los sindicatos y los sindicatos necesitan al PSOE. A estas alturas ya está claro que la consigna oficial es la de "vamos a no hacernos daño" expresada por la Banda de la Zeja.

Ahora bien: Entre la ciudadanía no hay en estos momentos ambiente de huelga alguno. Los trabajadores no se creen nada que provenga de los ewoks sindicales que presuntamente les representan. El trabajador que no está en paro lo que quiere es mantener su puesto de trabajo, particularmente en las PYMES donde el propio trabajador, por estar más cerca de la dirección, conoce de primera mano el estado de debilidad de la empresa que le da de comer.Aün no he conocido a ningún trabajador por cuenta ajena que no me diga, directamente, que él va a hacer todo lo posible por trabajar el 29-S.

¿Qué les queda a los sindicatos entonces? El puro y simple recurso a impedir por la fuerza el a los trabajadores que acudan a sus puestos. No me cabe la menor duda de que la acción de los piquetes de la que los sindicatos ya vienen avisando va a ser decisiva en el éxito o el fracaso del 29-S. La clave va a ser asustar a la PYME y paralizar el transporte por los medios que sean. 

Para el Gobierno de Zapatero queda el papelón de hacer la vista gorda. No podemos tener la menor confianza en que el Ministerio del Interior vaya a cumplir con su obligación de garantizar el derecho a trabajar de los ciudadanos que así lo quieran, porque lo que se están jugando es la desactivación de los sindicatos como movilizadores electorales de kmuchos votos de izquierda. No tengo ninguna razón para creer que la acción de las Delegaciones del Gobierno y de las fuerzas bajo su mando vaya a ser otra más que la que le convenga al PSOE en cada ámbito geográfico. Y, desde luego, no me cabe la menor duda de que en Madrid -verdadera espina clavada en el costado del zapaterismo- se va a permitir lo impensable. El que más y el que menos, lo da por hecho.

En esta situación, el mejor consejo posible es la autodefensa ciudadana, articulada en forma que ponga en evidencia no solo la coacción de los sindicatos, sino la previsible permisividad del Gobierno. En este sentido, Juan Ramón Rallo y Jorge Valín (pese a no ser, particularmente este último, santo de mi devoción) han acertado de pleno en lo que corresponde hacer ante los hechos delictivos que veamos: Grabarlos, contarlos y denunciarlos. El efecto coaccionador de los piquetes se basa en los medios apenas hablan de ellos y prácticamente no informan de la mayoría de sus fechorías. El piquete se convierte así en impune a efectos penales, sociales y políticos y eso multiplica la contundencia con la que actúa y -desde luego- su efectividad.

Esto también significa que los piquetes pueden ser contrarrestados e incluso desactivados en gran medida a golpe de teléfono móvil. A golpe de vídeo. Y a los piqueteros se les pueden quitar las ganas de tocar los cataplines a golpe de denuncia y de condena penal. 

El día 29 de Septiembre, quien escribe irá a trabajar. Estoy convencido de que millones de trabajadores y autónomos, por unas razones o por otras, harán lo mismo. Y de que todos llevaremos encima nuestros teléfonos móviles con sus correspondientes cámaras. Estoy convencido de que ni los piquetes ni el Ministerio del Interior nos lo van a poner fácil... pero también de que la sociedad de la información puede perfectamente dejarles a ambos con las vergüenzas al aire.

Procuremos que lo haga.

Estoy completamente de acuerdo contigo, y desde anoche llevo cámara en mano para grabar a cualquier dictador que quiera pisotear mi derecho de ir a trabajar.