Mi?rcoles, 18 de agosto de 2010

Cataluña sigue los pasos de California

No es algo que se haya sabido en Espa?a, pero el Estado de California entr? en bancarrota el a?o pasado y estuvo pagando sus deudas con pagar?s hasta nueve meses despu?s, cuando Arnold Schwarzenegger -quien lo intent? todo para evitar la quiebra- logr? pactar con la legislatura de su Estado un recorte de 14.400 millones en el gasto p?blico californiano, que dio pie a medidas sin precedentes tales como liberar presos para ahorrar dinero p?blico.

Cenando el otro d?a con Aldanum le escuch? una tesis acerca de la actual estructura del Estado, seg?n ?l derivada directamente de los deseos de la burgues?a region-nacionalista catalana de la Transici?n. Esencialmente, la burgues?a catalana -o al menos quienes se erigieron en sus representantes pol?ticos- pretendi? la articulaci?n de un r?gimen pol?tico basado en la existencia de un oasis regional con capacidad ilimitada para reclamar competencias del Estado que se gestionar?an sin interferencias de ?ste. Este es el modelo de 1978, que se termin? multiplicando por 17 a mayor gloria de las incipientes castas pol?ticas regionales.

Quedaba por ver como se financiar?a el tinglado auton?mico. Y aqu? fue -naturalmente- donde llegaron los problemas. Y donde muy posiblemente va a llegar el paralelismo con California.

Hab?a diversas v?as para financiar este modelo de Estado. La primera de todas ellas consist?a en que el Estado, que era quien ced?a la gesti?n de competencias a cada Autonom?a, otorgara cada a?o a ?sta el dinero necesario para pagarlas. "Yo recaudo, yo te doy el dinero, t? lo gestionas". Se trataba de una soluci?n que conllevar?a inevitablemente tensiones interterritoriales pero que ten?a cierta l?gica en una fase de descentralizaci?n: Sobre el papel, esta f?rmula estaba muy bien como soluci?n temporal hasta que las Autonom?as fueran generando sus propios recursos.

El problema vino porque estos recursos propios de las CC.AA. deb?an generarse -seg?n cualquier l?gica- mediante recargos auton?micos a los impuestos estatales (IRPF,? Impuesto de Sociedades, IVA...). No soy ning?n fiscalista, pero tal como lo entiendo se trata de una medida sencill?sima de aplicar y que adem?s permitir?a al contribuyente conocer de forma muy f?cil cuanto est? pagando por vivir en su autonom?a y cual es la presi?n fiscal en otras. Y la Constituci?n lo permite en su art?culo 157.1.

Sobre los recargos sucedieron dos cosas: En primer lugar, el Tribunal Constitucional declar? en su Sentencia 179/1985 a prop?sito de la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulaci?n de las Haciendas Locales que los Ayuntamientos no pod?an imponer recargos a los tributos estatales. En segundo lugar, el enorme desgaste pol?tico que supuso el intento de la Comunidad Aut?noma de Madrid de imponer un recargo auton?mico del 3% sobre el IRPF -el denominado Leguinazo- en 1984, declarado perfectamente constitucional en Sentencia 150/1990, tras una feroc?sima campa?a medi?tica y jur?dica que tuvo dos ejes fundamentales:

1) El Estado Auton?mico no tiene porqu? salir m?s caro que el centralizado (cosa muy discutible).

2) Se rompe el principio de igualdad ante la Ley (cosa obviamente falsa).

Joaqu?n Leguina, asustado por la campa?a, nunca lleg? a aplicar el susodicho recargo que, de hecho, termin? derogando aun tras el juicio favorable del TC. Y la lecci?n que la casta pol?tica sac? de aquello fue muy sencilla: Era mucho mejor sentarse cada cierto tiempo a negociar componendas con el Estado que enfrentarse a la transparencia y el juicio electoral que ofrec?a la implantaci?n de un recargo: Mucho mejor que el contributyente no supiera exactamente por cuanto le sal?a su autonom?a.

Ni que decir tiene que partiendo de esta base la tercera v?a -consistente en la creaci?n de impuestos auton?micos propios- qued? reducida a lo testimonial en un modelo en el que el Estado recaudaba el dinero para luego cederlo a las autonom?as seg?n el coste calculado de las competencias que ten?an cedidas. Esto supon?a una subordinaci?n f?ctica de los presupuestos auton?micos a los pactos con el Estado y le daba al Ejecutivo los mayores est?mulos para ejercer una cierta tutela o auditor?a sobre el gasto transferido, al que adem?s aplicaba a su conveniencia criterios pol?ticos tales como la solidaridad interterritorial para posibilitar la pura y simple compra de votos (PER, AVE, etc...). Esto no conven?a a los gestores pol?ticos del catalanismo y fueron ellos quienes forzaron su final.

En 1993, en medio de un tufo de corrupci?n generalizado, Felipe Gonz?lez perdi? la mayor?a absoluta necesitando pactar con otros partidos para mantenerse en el poder. Fue aqu? donde entr? en acci?n por vez primera uno de los mecanismos dise?ados a la medida de las ?lites pol?ticas perif?ricas: Una Ley Electoral dise?ada espec?ficamente para convertir en bisagras a partidos de implantaci?n regional. Convergencia i Uni? se convirti? en sost?n de los ?ltimos estertores del felipismo -fen?meno nauseabundamente oportunista y corrupto donde los haya- a cambio de la voladura de lo esencial del sistema de financiaci?n auton?mico anterior.

El pacto de Jordi Pujol y Felipe Gonz?lez no consisti? ni en recargos ni en tributos auton?micos, sino en la cesi?n pura y simple de un 15% de las cantidades de IRPF recaudadas en cada territorio a la autonom?a correspondiente. Aparte de suponer -esta vez s?- un ataque directo a la solidaridad interterritorial y de la opacidad del sistema, este mecanismo abundaba en la total irresponsabilidad de la autonom?a que recib?a ese dinero. Y adem?s -y lo m?s importante- estos nuevos ingresos no se correspond?an con gasto alguno: Los l?deres auton?micos se encontraban con bolsas de dinero proporcionales al peso econ?mico de su regi?n y s?lo les quedaba decidir en qu? gastarlo.

El apoyo de CiU al ?ltimo Gobierno de Felipe Gonz?lez, -que nos dej? para la Historia Negra de Espa?a el legado imborrable del esperpento de Luis Rold?n- dur? hasta la puesta en marcha de la cesi?n del 15% del IRPF en 1996. Tras eso, Felipe Gonz?lez cay? en la tiniebla y Convergencia se dedic? a explotar durante cuatro a?os la minor?a parlamentaria de Aznar L?pez, que elev? ese techo hasta el 30%, situaci?n en la que nos encontramos ahora.

La novedad de este sistema es que planteaba que a las autonom?as se les otorgar?an ingresos sin un destino claro, al no estar ligados a la gesti?n de competencia alguna. Esto abri? autom?ticamente todo un mundo de posibilidades, enchufes y mamandurrias: Embajadas catalanas en el extranjero, estudios sobre la gallina vasca, psic?logos para inmigrantes con S?ndrome de Ulises. Promoci?n del Ramad?n. Cuanto m?s rica la Autonosuya en cuesti?n, m?s dinero disponible para el despilfarro. Al menos, mientras durase la bonanza econ?mica.

El problema es que no ha durado. Y que a ciertas Autonom?as les ha cogido el cambio de ciclo absolutamente a contrapi?. Naturalmente, a las m?s ricas -y que, por lo tanto, se hab?an creado mayor dependencia de los ingresos por IRPF- les ha afectado m?s. Catalu?a es sin duda el paradigma: Con sus bonos cotizando al mismo nivel de riesgo que los de Per? y sin colocar ni uno solo de ellos en el mercado desde el mes de marzo, financiando su d?ficit mediante el sistema sui generis de exigir a sus cajas de ahorros -principalmente- que utilicen el aval del Estado para pedir prestado al BCE para a su vez comprar deuda catalana avalada por el Estado espa?ol, la pregunta no es si Catalu?a terminar? necesitando ser rescatada, sino cuando necesitar? este rescate y cuanto nos va a costar a todos.

Porque el grave problema de este modelo de financiaci?n auton?mico es que aqu? ning?n territorio, ning?n conjunto de electores, ninguna Autonom?a en definitiva, se hace responsable de su propio gasto: California quiebra y se reflota en solitario, mientras Catalu?a quiebra sola y ser? reflotada por el Reino en su conjunto.

?No me creen? De momento, Montilla ha empezado a aplazar pagos. Y no pagos de segundo orden, sino los de los hospitales concertados. Hasta ah? est? llegando el coste de la construcc?n nacional del oasis catal?n.

Disfruten lo votado, caballeros.


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