No es algo que se haya sabido en España, pero el Estado de California entró en bancarrota el año pasado y estuvo pagando sus deudas con pagarés hasta nueve meses después, cuando Arnold Schwarzenegger -quien lo intentó todo para evitar la quiebra- logró pactar con la legislatura de su Estado un recorte de 14.400 millones en el gasto público californiano, que dio pie a medidas sin precedentes tales como liberar presos para ahorrar dinero público.

Cenando el otro día con Aldanum le escuché una tesis acerca de la actual estructura del Estado, según él derivada directamente de los deseos de la burguesía region-nacionalista catalana de la Transición. Esencialmente, la burguesía catalana -o al menos quienes se erigieron en sus representantes políticos- pretendió la articulación de un régimen político basado en la existencia de un oasis regional con capacidad ilimitada para reclamar competencias del Estado que se gestionarían sin interferencias de éste. Este es el modelo de 1978, que se terminó multiplicando por 17 a mayor gloria de las incipientes castas políticas regionales.

Quedaba por ver como se financiaría el tinglado autonómico. Y aquí fue -naturalmente- donde llegaron los problemas. Y donde muy posiblemente va a llegar el paralelismo con California.

Había diversas vías para financiar este modelo de Estado. La primera de todas ellas consistía en que el Estado, que era quien cedía la gestión de competencias a cada Autonomía, otorgara cada año a ésta el dinero necesario para pagarlas. "Yo recaudo, yo te doy el dinero, tú lo gestionas". Se trataba de una solución que conllevaría inevitablemente tensiones interterritoriales pero que tenía cierta lógica en una fase de descentralización: Sobre el papel, esta fórmula estaba muy bien como solución temporal hasta que las Autonomías fueran generando sus propios recursos.

El problema vino porque estos recursos propios de las CC.AA. debían generarse -según cualquier lógica- mediante recargos autonómicos a los impuestos estatales (IRPF,  Impuesto de Sociedades, IVA...). No soy ningún fiscalista, pero tal como lo entiendo se trata de una medida sencillísima de aplicar y que además permitiría al contribuyente conocer de forma muy fácil cuanto está pagando por vivir en su autonomía y cual es la presión fiscal en otras. Y la Constitución lo permite en su artículo 157.1.

Sobre los recargos sucedieron dos cosas: En primer lugar, el Tribunal Constitucional declaró en su Sentencia 179/1985 a propósito de la Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales que los Ayuntamientos no podían imponer recargos a los tributos estatales. En segundo lugar, el enorme desgaste político que supuso el intento de la Comunidad Autónoma de Madrid de imponer un recargo autonómico del 3% sobre el IRPF -el denominado Leguinazo- en 1984, declarado perfectamente constitucional en Sentencia 150/1990, tras una ferocísima campaña mediática y jurídica que tuvo dos ejes fundamentales:

1) El Estado Autonómico no tiene porqué salir más caro que el centralizado (cosa muy discutible).

2) Se rompe el principio de igualdad ante la Ley (cosa obviamente falsa).

Joaquín Leguina, asustado por la campaña, nunca llegó a aplicar el susodicho recargo que, de hecho, terminó derogando aun tras el juicio favorable del TC. Y la lección que la casta política sacó de aquello fue muy sencilla: Era mucho mejor sentarse cada cierto tiempo a negociar componendas con el Estado que enfrentarse a la transparencia y el juicio electoral que ofrecía la implantación de un recargo: Mucho mejor que el contributyente no supiera exactamente por cuanto le salía su autonomía.

Ni que decir tiene que partiendo de esta base la tercera vía -consistente en la creación de impuestos autonómicos propios- quedó reducida a lo testimonial en un modelo en el que el Estado recaudaba el dinero para luego cederlo a las autonomías según el coste calculado de las competencias que tenían cedidas. Esto suponía una subordinación fáctica de los presupuestos autonómicos a los pactos con el Estado y le daba al Ejecutivo los mayores estímulos para ejercer una cierta tutela o auditoría sobre el gasto transferido, al que además aplicaba a su conveniencia criterios políticos tales como la solidaridad interterritorial para posibilitar la pura y simple compra de votos (PER, AVE, etc...). Esto no convenía a los gestores políticos del catalanismo y fueron ellos quienes forzaron su final.

En 1993, en medio de un tufo de corrupción generalizado, Felipe González perdió la mayoría absoluta necesitando pactar con otros partidos para mantenerse en el poder. Fue aquí donde entró en acción por vez primera uno de los mecanismos diseñados a la medida de las élites políticas periféricas: Una Ley Electoral diseñada específicamente para convertir en bisagras a partidos de implantación regional. Convergencia i Unió se convirtió en sostén de los últimos estertores del felipismo -fenómeno nauseabundamente oportunista y corrupto donde los haya- a cambio de la voladura de lo esencial del sistema de financiación autonómico anterior.

El pacto de Jordi Pujol y Felipe González no consistió ni en recargos ni en tributos autonómicos, sino en la cesión pura y simple de un 15% de las cantidades de IRPF recaudadas en cada territorio a la autonomía correspondiente. Aparte de suponer -esta vez sí- un ataque directo a la solidaridad interterritorial y de la opacidad del sistema, este mecanismo abundaba en la total irresponsabilidad de la autonomía que recibía ese dinero. Y además -y lo más importante- estos nuevos ingresos no se correspondían con gasto alguno: Los líderes autonómicos se encontraban con bolsas de dinero proporcionales al peso económico de su región y sólo les quedaba decidir en qué gastarlo.

El apoyo de CiU al último Gobierno de Felipe González, -que nos dejó para la Historia Negra de España el legado imborrable del esperpento de Luis Roldán- duró hasta la puesta en marcha de la cesión del 15% del IRPF en 1996. Tras eso, Felipe González cayó en la tiniebla y Convergencia se dedicó a explotar durante cuatro años la minoría parlamentaria de Aznar López, que elevó ese techo hasta el 30%, situación en la que nos encontramos ahora.

La novedad de este sistema es que planteaba que a las autonomías se les otorgarían ingresos sin un destino claro, al no estar ligados a la gestión de competencia alguna. Esto abrió automáticamente todo un mundo de posibilidades, enchufes y mamandurrias: Embajadas catalanas en el extranjero, estudios sobre la gallina vasca, psicólogos para inmigrantes con Síndrome de Ulises. Promoción del Ramadán. Cuanto más rica la Autonosuya en cuestión, más dinero disponible para el despilfarro. Al menos, mientras durase la bonanza económica.

El problema es que no ha durado. Y que a ciertas Autonomías les ha cogido el cambio de ciclo absolutamente a contrapié. Naturalmente, a las más ricas -y que, por lo tanto, se habían creado mayor dependencia de los ingresos por IRPF- les ha afectado más. Cataluña es sin duda el paradigma: Con sus bonos cotizando al mismo nivel de riesgo que los de Perú y sin colocar ni uno solo de ellos en el mercado desde el mes de marzo, financiando su déficit mediante el sistema sui generis de exigir a sus cajas de ahorros -principalmente- que utilicen el aval del Estado para pedir prestado al BCE para a su vez comprar deuda catalana avalada por el Estado español, la pregunta no es si Cataluña terminará necesitando ser rescatada, sino cuando necesitará este rescate y cuanto nos va a costar a todos.

Porque el grave problema de este modelo de financiación autonómico es que aquí ningún territorio, ningún conjunto de electores, ninguna Autonomía en definitiva, se hace responsable de su propio gasto: California quiebra y se reflota en solitario, mientras Cataluña quiebra sola y será reflotada por el Reino en su conjunto.

¿No me creen? De momento, Montilla ha empezado a aplazar pagos. Y no pagos de segundo orden, sino los de los hospitales concertados. Hasta ahí está llegando el coste de la construccón nacional del oasis catalán.

Disfruten lo votado, caballeros.