Mi?rcoles, 21 de julio de 2010

Propiedad Intelectual: Los ladrones son ellos

Magistral lecci?n de Derecho a cargo de Javier de la Cueva, desenmascarando la pura y simple red de mentiras con la que la industria cultural trata de defender su propia existencia, con la ayuda de un pu?ado de autores -en n?mero en ning?n caso superior a los aproximadamente 600 que cobran de la SGAE- a costa de los derechos fundamentales de la ciudadan?a.

Recuerdo perfectamente como en el a?o 2004, en la recta final del M?ster en Asesor?a Jur?dica de la Escuela de Negocios del CEU, tuvimos como profesor a un joven abogado de Quatrecasas para impartirnos ni m?s ni menos que Derecho Penal Econ?mico. El programa esencial de la asignatura comprend?a estafas, administraciones desleales, alzamiento de bienes, delitos medioambientales y... delitos contra la propiedad intelectual.

Huelga decir que todo el saber que nos transmiti? aquel tipo tan simp?tico en materia de protecci?n penal de la propiedad intelectual era -y as? lo han venido reconociendo los jueces de forma s?lida, ininterrumpida e incontestada- pura filfa jur?dica. Recuerdo en particular un caso pr?ctico en el que nos planteaba una situaci?n en la que un se?or terminaba sentado en el banquillo de los acusados por descargarse un pu?ado de canciones del Kazaa. Coloc?ndonos en el papel no de la acusaci?n particular ni de la defensa, sino en el de la Fiscal?a -el que m?s juego da para estos casos- ten?amos que decidir cuantos a?os de c?rcel ped?amos para el pobre diablo seg?n el Art?culo 270 del C?digo Penal.

?ramos ocho en aquella clase. Las cinco chicas, con mayor o menor brillantez, se alinearon con la tesis de condenar al imaginario reo a penas de variado grado de dureza. Mikel fue en ese mismo sentido. David puso la nota de color solicitando el archivo al entender que la prueba (obtenida sin autorizaci?n judicial) era nula. Cuando me lleg? el turno, ardi? Troya: Tal y como yo lo ve?a, no solo el acusado no hab?a cometido delito alguno sino que adem?s -asombro generalizado de mis compa?eros- proced?a abrir diligencias contra la acusaci?n particular por un delito de interceptaci?n de las comunicaciones del 197 del C?digo Penal.?

Yo llevaba ya mucho tiempo leyendo a David Bravo y todos ten?amos a?n muy reciente la imb?cil amenaza que profiri? en el a?o 2003 un tal Xabier Ribas, quien hab?a anunciado tener en su poder datos de 95.000 internautas espa?oles que descargaban archivos a los que pretend?a meter en la c?rcel. Esto lo hizo despu?s de alimentar durante meses una rid?cula pol?mica con Carlos S?nchez Almeida, es de suponer que para preparar el terreno medi?tico previo a su disparatado anuncio.

Como es bien sabido, Ribas se cubri? de mierda no iniciando acci?n legal alguna contra nadie y reculando p?blicamente en la Cadena Ser de todo lo que hab?a anunciado d?as antes a bombo y platillo con el desvergonzado apoyo de la prensa adicta.?

Pese a todo aquello -de lo que era, seguro, perfecto conocedor- mi profesor sigui? erre que erre intentando explicarme como seg?n diversas Sentencias del Tribunal Supremo -las manid?simas 15-11-1982, 21-04-1989, 20-03-1990 y 21-01-1994- establec?an que, en materia de delitos contra la propiedad intelectual, el ?nimo de lucro se interpreta como cualquier ventaja, utilidad, beneficio o rendimiento que se proponga obtener el autor del delito y que por lo tanto el reo se hab?a "lucrado" obteniendo canciones que no pose?a.?

La primera falacia de su argumento consist?a en hablarme de Sentencias absolutamente pre-Internet. No se lo logr? explicar adecuadamente, pero lo cierto es que yo ya era completamente consciente de que, simplemente, la irrupci?n de la Red hab?a cambiado totalmente el paradigma en materia de propiedad intelectual y que eso exig?a reinterpretar conceptos jur?dicos que hab?an quedado inaplicables en sus formulaciones previas. El principal delito contra la propiedad intelectual anterior a Internet consist?a en vender libros fotocopiados. Y la jurisprudencia que ?l me estaba citando era incluso anterior al C?digo Penal de 1995.

La segunda falacia era el puro y simple atentado contra el principio esencial de la proporcionalidad de las penas: Era imposible pretender encarcelar a un se?or por descargarse una docena de canciones de Internet cuando mangar tres o cuatro discos de la FNAC o de Madrid Rock era una simple falta punible con multa.

Hab?a una tercera falacia: El Art?culo 270 no solo exige el ?nimo de lucro sino el "perjuicio de terceros". Y era totalmente aventurado el suponer que quien se descarga unas canciones gratis las hubiera comprado en una tienda al PVP recomendado por la discogr?fica.No obstante, esta era la suposici?n b?sica de la que correspond?a partir, seg?n aquel ilustre penalista que tan acertado y bien explicado andaba en el resto de la materia que impart?a.

Y naturalmente, no hay tres falacias sin una cuarta: Igmorar total y absolutamente el? "derecho a la obtenci?n de una copia privada de obras ya difundidas", que seg?n este Letrado de Quetrecasas no pod?a ser aplicado a copias obtenidas ilegamente. ?Porqu?? ?Qu? Ley lo dispone as?? "El sentido com?n". Con un par.

La m?xima puntuaci?n en aquel ejercicio fue para David. Efectivamente, el problema procesal de la obtenci?n de la prueba en las actuaciones contra P2P? ya era algo perfectamente evidente en el a?o 2004. Y David lo hab?a expuesto realmente bien, aun sin necesidad de llegar al extremo -que a m? se me concedi? como posible- de abrir diligencias por la posible comisi?n de delito por parte de la acusaci?n particular.?

Lo verdaderamente asombroso para m? fue la actitud de casi todos mis compa?eros ante mi exposici?n: Parec?an verdaderamente convencidos de estar asistiendo a una disertaci?n sobre excusas estrafalarias que alegar cuando te pillen robando en Internet. Sus expresiones eran las de quienes estaban escuchando de mi boca? cosas que no ten?an ni pies ni cabeza.

Pod?a esperarme esa actitud de un penalista de Quatrecasas como nuestro profesor o de uno de PriceWaterhouseCoopers (como aquel kamikaze de Ribas), porque a fin de cuentas ellos se estaban disputando la captaci?n como clientes de grandes corporaciones multinacionales que a lo largo de la siguiente d?cada (en la que a?n estamos) pagar?an astron?micas minutas a cambio de los ?mprobos esfuerzos de los grandes despachos por ponerle puertas al campo. Era, por lo tanto, perfectamente comprensible que ellos sustituyeran el sentido com?n por un molde de escayola de ese modelo econ?mico anal?gico en el que cada copia val?a 20 euros imposibles de rebajar, porque la defensa de ese modelo contra la nueva realidad que supon?a Internet les iba a suponer a ellos que les encargaran docenas de peregrinos procesos en defensa de las m?s abracadabrantes interpretaciones de las normas legales vigentes por los Juzgados y Tribunales de toda Espa?a.?

Pero que los reci?n licenciados y reci?n colegiados alumnos de ?lite de un M?ster de prestigio creyeran de verdad que por descargar una canci?n del Kazaa el C?digo Penal te sentenciaba a compartir ducha con los asesinos de Puerto Hurraco era algo que se escapaba completamente a mi comprensi?n.

Finalmente, como es de com?n conocimiento, el conjunto de palos de sombrajo sostenido por las SGAE, las ACAM, las DAMA, las AGEDI las Coaliciones de Creadores y sus respectivas representaciones letradas de Quatrecasas, PWC, et al... llevan cayendo uno tras otro. Ni una sola de las acciones penales iniciadas al amparo de las sabias interpretaciones del C?digo Penal que mis compa?eros observaban boquiabiertos como si emanaran directamente del acuario del Pulpo Paul ha tenido resultado positivo alguno excepto en un ?nico y solitario caso en el que un webmaster decidi? -incre?blemente- reconocer que su actividad era delictiva y pactar una condena.Y si no es delito compartir archivos, menos a?n puede serlo enlazarlos. Fin de la v?a penal.

Y si en la jurisdicci?n penal hablamos de derrota, en la v?a civil -que en principio podr?a ser m?s adecuada para reclamaciones sobre vulneraciones de derechos econ?micos o lucros cesantes- las pretensiones de esta industria no han podido resultar peor paradas: Primero pretendieron que las empresas de telefon?a e Internet les suministraran los datos de los internautas para perseguirles, lo que fue impedido por la U.E. A rengl?n seguido -y ante la imposibilidad de empapelar internautas- sigui? una cascada de demandas contra webs recopilatorias de enlaces p2p que han terminado entre la desestimaci?n con imposici?n de costas y el m?s espantoso de los rid?culos.?

Todo ello mientras la imposici?n administrativa del canon digital tiene todas las papeletas para terminar siendo declarada ilegal tras el demoledor informe de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Uni?n e incluso los pol?ticos se han visto obligados a admitir que poner a las FSE y a la Fiscal?a a perseguir negritos con mantas por las calles es un absurdo despilfarro de recursos p?blicos y a sacar el Top-Manta de un C?digo Penal al que nunca debi? acceder a partir del 1 de enero de 2011. ?

En esta situaci?n, las cosas han quedado finalmente claras: Nosotros ten?amos raz?n; Ellos, no. Nosotros est?bamos realizando y defendiendo actividades legales y leg?timas; Ellos, pretend?an atemorizarnos, coaccionarnos y arrebatarnos derechos que nos otorgan las leyes, el sentido com?n y la realidad de las cosas.

Solo hab?a un m?todo -solo uno- de que mantuvieran impasibles esa la chuler?a de quien estaba muy seguro de actuar por encima de la Ley: La creaci?n de un procedimiento ad hoc que les permitiera eludir la acci?n regular de los jueces. Si ya consiguieron en su momento que la Fiscal?a les ahorrara la costosa tarea de imputar a todos y cada uno de los vendedores de la manta, el siguiente paso l?gico era que les permitieran crear un ?rgano administrativo especial que les permitiera a ellos mismos acusar, tomar medidas y juzgar el alcance de los derechos del pa?s entero.

De eso -y no de otra cosa- va la Ley Sinde. De poner en solfa los derechos y libertades de toda la sociedad para beneficio de unos pocos. De seguir? pervirtiendo las instituciones y depredando los derechos y libertades de los ciudadanos con campa?as pagadas con cargo al presupuesto p?blico a mayor beneficio de quienes no tienen de su parte ni la Raz?n, ni el Derecho ni la realidad misma.

Basta de contemplaciones: LOS LADRONES SON ELLOS. Han sido siempre ellos. Los mismos que llevan desde 2003 retorciendo la Ley para arrebatarnos derechos. Los que llevan meti?ndonos la mano en el bolsillo desde que un Consejo de Ministros presidido por Aznar les regal? un canon digital que es -pura y simplemente- un ROBO con factura.

En este sentido, la Ley Sinde no es sino la ?ltima bala que le queda a una banda desesperada, cuyo triunfo no debemos impedir en ning?n caso.

O eso, o abolimos directamente los Juzgados. Comisiones administrativas para decidirlo todo. Como si Espa?a no oliera ya bastante a soviet.


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