Maderos a la carta
Resulta que unos policías nacionales se han presentado de madrugada en casa de un ciudadano del Reino, le han llevado detenido a Comisaría, le han hecho declarar durante diez minutos y acto seguido le han soltado. Resulta que la cédula de citación en virtud de la cual se produjo tal atropello lleva el membrete de la Dirección General de la Policía y que en ella se explica que tal actuación ha sido acordada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Orihuela, ante el cual debe personarse mañana jueves. Resulta que durante día y medio se han estado machacando mediáticamente a este buen señor con su supuesta "detención por diversos delitos de corrupción".
Y resulta que el Juzgado Nº 3 de Orihuela dice que no sabe nada del tema, ni ha ordenado detención alguna ni ha citado a nadie. Hemos hablado aquí otras veces de la arbitrariedad de la Policía y de la necesidad, pura y simple, de empezar a presentar una querella tras otra contra quienes se dedican a cumplir órdenes absolutamente vergonzosas, impropias de un Estado de Derecho y vulneradoras de libertades civiles básicas. Lamentablemente, ni UPyD se querelló contra la Policía Local de Getafe ni (¡sorpresa! ¡sorpresa!) la Alternativa Española de Rafael López Diéguez se atrevió a hacer lo propio contra los Guardias Civiles ejecutores de la vergonzosa actuación del Instituto Armado en el Valle de los Caídos a propósito de la Misa del 20 de Noviembre de 2008.
El resultado final de estas no-actuaciones es que los agentes que las llevan a cabo terminan creyéndose realmente legitimados para llevar a cabo actuaciones como mínimo discutibles, no ya en el campo de las libertades políticas sino incluso -yendo un paso más allá- en el de los derechos civiles. En sus propias carnes lo acaba de sufrir el Presidente de la Diputación Provincial de Alicante quien, corrupto o no, acaba de sufrir la "pena del telediario" por obra y gracia de una decisión política de las FSE y de unos maderos a la carta que la han ejecutado.
Cierto es que en este caso el brazo ejecutor es bastante menos importante que el político. Pero cualquier Policía debe saber que llevarse detenido a un señor a las 8 de la mañana con una presunta citación de un Juzgado escrita en papel de la Dirección General de la Policía para hacerle declarar diez minutos en comisaría es absolutamente impresentable. Y que la citación judicial no exista siquiera se acerca al terreno del castrismo.
A mi juicio, ordenar estas actuaciones debe tener relevancia penal. Y desde luego, ejecutarlas también. Que no quede impune el mando político... pero desde luego, tampoco el madero a la carta.
Publicado por Fray_Fanatic a las 11:10 | Derecho
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