No voy a encuadrarlo en Derecho, porque el fondo del asunto es estrictamente político: ¿Tiene derecho el Estado a adoctrinar a sus ciudadanos en los valores que sustentan dicho Estado? Licurgo, el gran legislador de Esparta, tenía clarísimo que sí y convirtió la educación militarista de los jóvenes espartanos en el eje central de la constitución de la ciudad, desde el Siglo VII a.C. hasta la decadencia de la misma. La legislación de Licurgo fue un éxito y su impulsor pasó a los anales de las leyendas espartanas aclamado por todas las generaciones posteriores. 

Menos suerte en vida tuvo Sócrates, un practicante de la enseñanza sin supervisión que terminó condenado a beber cicuta por el Tribunal de los Quinientos. Tribunal compuesto esencialmente de padres de familia que, incapaces de evitar que sus hijos acudieran a escucharle,  vieron más sencillo que meter en cintura a sus retoños el acusarle de impiedad y de corromper a los jóvenes con sus enseñanzas. La discusión entre Sócrates y el Fiscal que a propósito de la condena que debía serle impuesta  nos cuenta la Wikipedia nos revela que, efectivamente, Sócrates era un verdadero adelantado a su tiempo.

Con guasa o sin ella, tan vergonzoso fue el escándalo en toda Atenas por la condena a Sócrates que se montó una verdadera operación de inteligencia en la que toda la ciudad estaba dispuesta a mirar hacia otro lado mientras el filósofo se  fugaba  de la Justicia camino del exilio. Sócrates, más chulo que un ocho, decidió hacer cargar a la ciudad con su propia vergüenza y aceptar la condena a muerte.

Sin embargo, la muerte de Sócrates decretada por un órgano que, al fin y a la postre, era un órgano de la República de Atenas, reforzó la idea de que, efectivamente, el Estado tenía la potestad de, como mínimo, supervisar la educación en valores de sus ciudadanos. Peligrosa conclusión, por lo que tiene de atentado contra la libertad de creencias y opiniones que se predica -de boquilla- en los sistemas actuales.

 Y es que toda institución humana tiende, por su propia naturaleza, a intentar perpetuarse en el tiempo. Desde este punto de vista parece lógico que el Estado español predique la Constitución del 78. Y burla, burlando y sin mojarse demasiado los jueces del Supremo han decretado que, por sí misma, la asignatura de Educación para la Ciudadanía no vulnera la Constitución. Lo cual implica que el derecho natural de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias creencias y valores tiene como límite los valores de la propia Constitución, a cuya enseñanza nadie puede oponerse.  Díganme ustedes si Licurgo y una veintena de los atenienses que condenaron a Sócrates tienen o no un asiento en el Supremo.

 Quedan dos instancias. Un Tribunal Constitucional presumiblemente encantado de dictaminar que los derechos naturales los limita la Constitución que el propio TC interpreta y un Tribunal Europeo de  Derechos Humanos con sede en Estrasburgo al que le va a tocar lidiar con el morlaco de decidir si una asignatura de promoción de valores constitucionales y democráticos atenta o no contra los Derechos Humanos. Mal recorrido le auguro a cualquier recurso contra esta Sentencia porque, tengámoslo claro, el asunto es político. Y vaya Ud. a explicarle a un francés o un alemán que promover los valores de sus respectivas constituciones en la enseñanza pública atenta contra los Derechos Humanos.

 No obstante, el Tribunal Supremo sí deja otra puerta abierta, mucho más razonable, en el sentido de que es más jurídica: La discusión texto por texto y programa por programa de qué son y qué no son valores constitucionales. Si la estrategia de la gran batalla ha fracasado, la de la guerra de trincheras tiene más posibilidades. Y es que, como dicen hoy en Zapaterías Rimadas, el problema no es la asignatura sino sobre todo el contenido que se dé la misma.

La vergüenza de Atenas fue condenar a muerte a Sócrates. La de España, que la Ministra Cabrera conociera la Sentencia dos días antes de hacerse pública. Y es que, como en todo, hay vergüenzas de gigantes y vergüenzas de enanos.