Viernes, 16 de enero de 2009

?ltimas tendencias jur?dicas en Violencia de G?nero

La Fiscalía, dependiente orgánicamente del Gobierno, imputa delitos contra la Administración de Justicia a parejas que se reconcilian tras un maltrato. Se trata de las últimas tendencias en los Juzgados de lo Penal: Ilegalizar de facto las reconciliaciones imputando delitos. Y, con un par de narices y pasándose por donde Iván las toallitas principios penales básicos tales como la intervenciín mínima o la proporcionalidad de las penas se consiguen una serie de finalidades claramente extrajurídicas.  Veámos cuales:

El planteamiento de base, para que nadie se nos pierda, es el siguiente: Mujeres que tienen dictadas a su favor medidas temporales o condenas firmes de alejamiento contra sus parejas por causa de violencia de género se reconcilian con sus parejas. Vuelven a reiniciar su convivencia o, simplemente, quedan para pasear juntos por la calle. 

 

Por la razón que sea -un vecino se chiva o la Policía les da el alto para comprobar sus papeles, por ejemplo- la Fiscalía, ni corta ni perezosa, imputa al varón un delito contra la Administración de Justicia consistente en el quebrantamiento de condena o de la medida cautelar. Y a partir de ahí construye su siguiente paso jurídico:  Imputas también a la mujer por cooperación necesaria con ese supuesto hecho delictivo. La pregunta es evidente: ¿porqué opera la Fiscalía con este criterio? ¿A qué fines sirve?

 

En primer lugar, hay una finalidad ideológica evidente. Cada pareja reconciliada tras una situación de maltrato es un pequeño torpedo en la línea de flotación de la industria de la Violencia de Género. No digamos ya si el maltrato es, de facto, consentido por la maltratada. Me viene a la mente el caso de Violeta Santander.

 

Perseguir a la mujer que se reconcilia con su maltratador pese a toda la maquinaria jurídica, social y mediática que lo "desaconseja" es, por lo tanto, necesario para el mantenimiento continuado de la Violencia de Género como negocio boyante. Ojito con las denuncias por maltrato, porque a la que rompa filas... se la fusila. Ese es el mensaje.

 

Hay una segunda finalidad. Menos ideológica y más política que la anterior. La Ley de Violencia de Género y las medidas adoptadas en la misma han resultado ser un fracaso. Las cifras de mujeres muertas a manos de sus parejas no dejan de crecer. Las denuncias sobre los pésimos resultados de esta Ley y de su aplicación las ha comentado sobradamente la Jueza Decana de Barcelona y miembra de Jueces para la Democracia, María Sanahuja. Pero políticamente, hay que vender la Ley de marras como un éxito. Eso se logra solo reduciendo las muertes por Violencia de Género. Y aquí entra la Fiscalía a tratar de evitar más muertes. Si hay que meter a la maltratada en la cárcel, que así sea, porque la Ley Integral de Violencia de Género debe ser mantenida como un "éxito", no importa el coste. 

 

La tercera finalidad de este criterio es políticamente incorrecta. Y se basa esencialmente en el hecho incontrovertible de que los extranjeros son masivamente responsables -y ojo, también víctimas- de Violencia de Género. Mucho mejor que reformar la Ley y el Reglamento de Extranjería, lo que podría llevar al españolito medio a formularse incómodas preguntas sobre porqué hay que frenar una llegada masiva de inmigrantes que se le vendió como el bálsamo de Fierabrás que iba a curar todos los males de España... se imputan masivamente delitos a extranjeros bajo el paraguas de la VdG y se les impide renovar los papeles en cuanto son condenados.

 

Evidentemente, estamos ante una completa y total extralimitación del Derecho Penal, que pasa de proteger la integridad de la persona amenazada a introducirse de forma flagrante e ilegítima en la vida privada y decisiones más íntimas de ella y de su pareja. Y así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo en Sentencia 1156/2005 de 26 de Septiembre. La Sentencia, que es una verdadera joya, resuelve la peliaguda papeleta de hacer Justicia y no castigar a quien se reconcilia con su pareja pese al obvio incumplimiento de una condena firme de alejamiento. Con todo, la Fiscalía no ha cejado en su empeño y lo que en 2003-2004 era un exotismo jurídico es hoy criterio general de la Fiscalía en los Juzgados de todas partes. Obvia decisión política. Obvia perversión jurídica.


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