Lunes, 09 de junio de 2008

Huelga salvaje de transportistas o lo que un Gobierno no debe permitir nunca

Vergonzosas declaraciones a El Pais del portavoz de la Plataforma de transportistas, vía Alberto Noguera:
"Molestaremos en la carretera", ha asegurado Manuel Núñez, presidente de esta Plataforma, porque "el Gobierno sólo va a escuchar cuando le llegue el agua al cuello"."Estamos preparados para todo y moriremos con las botas puestas. Acabaremos con victoria o en la cárcel", ha advertido.

Y continúa sin cortarse un pelo: "sabemos que las refinerías les duele y vamos a hacer lo que les duele", justo antes de añadir que habrá sorpresas en la inauguración del día 14, en alusión a la apertura de la Exposición Universal de Zaragoza.

La situación de los camioneros es trágica. Pero, lamentablemente, hay cosas que un Gobierno no puede, no debe permitir, a saber:
1) No es de recibo que un colectivo amenace ni más ni menos que con paralizar el país.

2) No es de recibo que ningún colectivo plantee medidas de presión para conseguir privilegios fiscales.

3) No es de recibo que miles de ciudadanos vean perturbado su libertad de tránsito y se conviertan en rehenes del chantaje de un sector económico al conjunto de la sociedad.

4) No se puede permitir -y esto lleva permitiéndose muchos, muchos años- que bajo el disfraz del "piquete informativo" se oculte la pura y simple coacción y la amenaza concreta sobre personas o bienes de quienes soberanamente deciden no secundar la huelga.

5) Sobre todo y ante todo... un Gobierno no puede ni debe permitir que el portavoz de un colectivo que aspira a negociar con él en representación de todo un sector de actividad haga ese tipo de declaraciones públicas, propias de un Curro Jiménez o de un macarra de piscina. Un Gobierno debe exigir una rectificación de esas puras y simples amenazas antes de acceder a negociar nada.

Y además, antes de esa negociación, el fondo de la cuestión debe ser bien explicado al conjunto de la ciudadanía: Unos señores, que además ejemplifican a la perfección un sector ineficiente y atomizado, pretenden que el Gobierno, con el dinero de todos, les sufrague el coste de las materias primas necesarias para realizar su trabajo. Algo así como si los abogados pretendiéramos que el Gobierno nos pagara los costes de colegiación o el seguro de responsabilidad civil. Con la diferencia de que los transportistas siempre han sabido la vulnerabilidad de su actividad al coste del petróleo.

 Los transportistas (un colectivo formado por miles de pequeños autónomos) piden, ni más ni menos lo siguiente:

a) Que se imponga por Ley el pago de una tarifa mínima por el transporte de mercancías.

b) Una normativa antidumping, contra quienes hagan portes por debajo de ese mínimo.

c) Subvenciones (en realidad, rebajas fiscales) al gasóleo que lo abaraten y mantengan su precio estable.

Es extraño que hayan elegido el exigir "tarifas mínimas" al Gobierno y no a las grandes centrales de envíos que les subcontratan el transporte. Es extraño que exijan restringir por Ley la libre competencia. Es más extraña aún la exigencia de privilegios fiscales.

 Porque no deja de maravillarme una pregunta: ¿De dónde saca la gente la idea de que el Gobierno tiene el deber de hacer este tipo de cosas? ¿Desde cuando entra dentro de los deberes de un Gobierno el subvencionar la ineficiencia económica en vez de favorecer la reconversión, la adaptación a las nuevas situaciones y en general el abandono de lo ineficiente?

 Lo cierto es que, si estamos de acuerdo en que a las inmobiliarias y constructoras hay que dejarlas caer en lugar de ayudar a reflotarlas con dinero de todos... no debe caber tampoco la menor duda con respecto de los transportistas. Simplemente porque detrás de ellos vienen los taxistas, los pescadores, los agricultores...

 La Nación en su conjunto va hacia una crisis gorda. Gorda como posiblemente no se ha visto en décadas. Hay quien parece estar muy seguro de pertenecer a un colectivo "especial" que requiere un mimo y un cariño extremado de las autoridades públicas. Hay quien está viendo cortar las barbas de sus vecinos y se cree que Papá Estado va aponerle un guardaespaldas para evitar que le llegue el turno.

Se equivocan. 

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